Las claves económicas del acuerdo PSOE-Ciudadanos

Repasamos las líneas maestras en materia fiscal, laboral, empleo y vivienda del pacto entre los dos partidos políticos.

pacto

PSOE y Ciudadanos han alcanzado, esta mañana, un pacto para un "gobierno reformista y de progreso", según sus propias palabras.

Desvelamos sus líneas económicas:

IMPUESTOS

No subir el IRPF y reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita, en tanto que tratarán de retrasar un año la meta de déficit comprometida con Bruselas y situarlo por debajo del 3 % en 2017 en lugar de este ejercicio.

Reducir el IVA cultural al 10 %, desde el 21 % actual, y mantener el IVA del libro en el 4 %.

Se contempla una reforma en profundidad del impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales.

Creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario y armonizará el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del Estado.

Eliminar el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.

En cuanto a la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida, proponen reformar la figura del delito fiscal, para hacerla más efectiva, endureciendo las penas y alargando los periodos de prescripción.

VIVIENDA

Eliminar todas las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, de modo que no tengan que exigirlo de forma individual los consumidores, y también acabarán con todas las condiciones hipotecarias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado abusivas en diferentes sentencias.

Reformar la Ley Hipotecaria para eliminar de forma automática todas las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales "sin previa exigencia del titular de una hipoteca".

Nuevas medidas para luchar contra el sobreendeudamiento y los desahucios, tales como reconocer el derecho de quienes pierdan su vivienda a un alquiler social y a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente, que "no debe superar el 30% de sus ingresos".

Puesta en marcha "urgente" de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la Sareb y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías. 

Sin embargo, no se habla sobre dación en pago aunque en la propuesta de revisión de la Ley de Segunda Oportunidad sí se prevé reducir las condiciones para acogerse a las quitas y garantizar la inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades.

Además, se incorporarán las deudas con Hacienda y Seguridad Social a los mecanismos de concurso de acreedores personal, con el mismo tratamiento que las de las entidades mercantiles y se eliminará el periodo de cinco años que el PP permitió en su ley para revisar las condonaciones de deuda si cambiaban las circunstancias económicas del deudor.

Reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargables las ayudas sociales --renta activa, prestaciones, dependencia, Plan Prepara, renta agraria, etc.-- y reforzar la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares para evitar "intereses usureros y abusivos", fraudes y estafas.

Aprobar una Ley de Protección de los Consumidores Vulnerables para prevenir la pobreza energética, que acompañe un Pacto de Estado de la Energía que permita una transición hacia un modelo verde, basado en renovables, autoconsumo y "moratoria" del fracking durante esta legislatura.

CONTROL Y SUPERVISIÓN BANCARIO

Reorganizar la estructura institucional creando, por una parte, una Autoridad de Control Macroprudencial en el Banco de España que vigile tanto a las entidades financieras como a las compañías de seguros y las empresas de servicios de inversión; y una Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "unifique y refuerce" los servicios de reclamación y protección de banca, valores y seguros y supervise a las auditoras.

SALARIOS

Renuncian a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más de lo previsto por el Gobierno para este año, es decir, un 1%, aunque sí se comprometen crear un Comité de Salarios que informe sobre posibles subidas anuales a partir del ejercicio que viene.

Incluye el llamado Complemento Salarial Garantizado (CSG) que funcionará como crédito fiscal a través del IRPF primero para los hogares de rentas más bajas y con cargas familiares, extendiéndose "progresivamente a medida que la restricción presupuestaria lo permita".

Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva con cargo a la Seguridad Social que serviría para atender las situaciones de necesidad de las familias sin ingresos y que iría acompañada de un itinerario de activación laboral y formación. Tampoco en este caso se precisan los pormenores de la medida.

Lucha contra la emergencia social de la pobreza, el acuerdo PSOE-Ciudadanos recoge también un incremento de la cuantía de la prestación por hijo a cargo y una extensión de su duración.

PENSIONES

Se comprometen con la "sostenibilidad y suficiencia" del sistema y con el poder adquisitivo de los pensionistas, de "recuperar" el diálogo social y de impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la posibilidad de financiar parte del sistema con cargo al sistema fiscal.

Se comprometen a promover ante el Pacto de Toledo un cambio para reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por cada hijo y uno más al otro progenitor si acredita "fehacientemente" que asumió el cuidado del menor.

LABORAL

Reducir a tres los tipos de contrato, incluyendo un nuevo tipo de contrato temporal "progresivo" y con indemnización creciente, que iría de 12 a 20 días por año trabajo en caso de despido procedente y de 20 a 33 días en caso de despido improcedente.

Mantener el contrato de relevo y formación, y reducir el resto de modalidades a dos: uno indefinido y otro "estable y progresivo", que serviría para cubrir puestos de trabajo de duración determinada. Este contrato contará con una indemnización creciente por despido por causas objetivas, que será de 12 días el primer año, de 16 días el segundo y de 20 días a partir del tercero, siempre que se trate de un despido procedente; y de 20 años el primer día, 25 el segundo y 33 a partir del tercero, en caso de despido improcedente.

Crear un fondo para financiar hasta ocho días por año de antigüedad en las indemnizaciones que se correspondan con despidos individuales o colectivos, siguiendo el modelo austríaco. Si se llega a la jubilación sin hacer uso de este dinero, se podrá acumular la cuantía a la pensión.

Clarificar las causas de despido en los contratos indefinidos, tutelar judicialmente los nuevos contratos 'temporales' y someterlos a la supervisión de la negociación colectiva, y poner en marcha de forma "urgente" un Plan de Inspección de Trabajo contra la explotación y la precariedad laboral.

Negociar con los agentes sociales y en el plazo de un año un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modernice el marco normativo.

"Recuperar el equilibrio" de las relaciones laborales en el ámbito de la negociación colectiva y, en concreto, impulsarán la supresión de la "prioridad absoluta" del convenio de empresa sobre los de ámbito superior, se mantendrá la ultraactividad y, si no haya acuerdo, se establecerá un máximo de 18 meses durante el que acudir al procedimiento arbitral, eliminándose así el arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en los descuelgues.

El empresario sólo podrá 'tocar' el salario de forma unilateral hasta un máximo del 5% y durante un año, tras el que habrá de demostrar que se mantienen las causas y negociar con los trabajadores.

En cuanto a las políticas activas de empleo, el acuerdo pasa por duplicar la dotación presupuestaria a la par que se modifica su diseño y contenido, y se generaliza su fiscalización y evaluación "rigurosa y permanente" mediante la creación de una agencia "específica y autónoma".

Formación: permitir a los parados elegir el centro donde recibir esa formación creando para ello cheques, cuyas condiciones habrán de ser definidas en una "evaluación experimental previa".

Recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años en las mismas condiciones que tenía antes de su reforma por el Gobierno del PP. Es decir, vinculado exclusivamente al nivel de renta del beneficiario y no de toda su familia, incluyendo la cotización del 125% de la base mínima a la Seguridad Social y prolongado mientras se mantenga la situación de desempleo o se alcance la edad legal de jubilación ordinaria.

Perder la condición de funcionario tras pasar un periodo máximo --que deberá fijarse-- en situación de excedencia voluntaria, a cuyo acceso no se podría tener hasta los diez años de servicio activo, el doble que actualmente.

Regular el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular.

Revisar "en profundidad" el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, implantando desde el primer momento y hasta que entre en vigor dicha reforma una cotización reducida de 45 euros al mes para los autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Reformar el sistema de módulos para que esté menos vinculado a la actividad o el sector y más a los niveles máximos de ingresos y ventas, y a eliminar las retenciones por IRPF durante dos años a los nuevos autónomos hasta que no lleguen a un rendimiento neto de al menos 12.000 euros anuales.

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