La turbulenta relación entre Google y la UE

La acusación realizada el jueves por la Comisión Europea a Google sobre abuso de posición dominante en la publicidad es la última batalla de una guerra entre ambas partes que se remonta a 2010, cuando Bruselas inició -con Joaquín Almunia en la cartera de Competencia- las primeras investigaciones contra la multinacional estadounidense. Pero las turbulencias y verdaderos encontronazos no se produjeron hasta abril de 2014 cuando la UE le abrió el primer expediente por prácticas anticompetitivas en el mercado de búsquedas 'online'. Desde entonces la relación se ha complicado más.

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En concreto, la Comisión denunció en esa primera ocasión al gigante de Internet por promocionar sus servicios de comparación de productos de forma «injusta» para sus rivales. Una acción con la que, según Bruselas, podría desviar artificialmente tráfico desde servicios de comparación rivales y dificultar así su capacidad de competir. Las diversas alegaciones de Google no parecen haber convencido a las autoridades europeas que, de momento, siguen adelante con este procedimiento. De hecho, la investigación podría terminar con una multa récord para la multinacional estadounidense de hasta un 10% de su facturación (6.600 millones), aunque las últimas estimaciones hablan de una considerable reducción.

En abril de 2016, justo un año después del primer expediente, la Comisión volvió a acusar a Google de abuso de posición dominante al imponer a los fabricantes de dispositivos móviles la instalación de su sistema operativo (Android) y de sus aplicaciones a los fabricantes de dispositivos móviles. En concreto, Bruselas señaló que la compañía les obliga por contrato a usar su navegador e incluso les otorga incentivos fiscales para ello. Unas prácticas que la Comisión considera que pueden suponer una restricción a la competencia. Y tan sólo tres meses después se abre el tercer expediente por la publicidad 'online'.

Pero el foco sobre Google en los países comunitarios no se limita a su posible monopolio, sino que cada vez está más centrado en su comportamiento fiscal. De hecho, en España los funcionarios de la Agencia Tributaria registraron la sede de la compañía en Madrid el pasado 30 de junio por orden del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de la capital. En la operación, recabaron material informático que está siendo analizado para comprobar si la sociedad ha declarado correctamente todos los pagos del IVA. La actuación no presupone que la filial española de Google haya cometido ningún delito fiscal. Pero se trata de la enésima investigación para tratar de desentrañar la ingeniería fiscal con la que trata de limitar el pago de impuestos.

De hecho, el pasado mayo fueron los agentes tributarios franceses quienes registraban una de las sedes de la multinacional en París. La administración gala reclamó 1.600 millones de euros en impuestos a la compañía. También en el Reino Unido se han desarrollado varias investigaciones sobre la tributación de las gigantes tecnológicas como Google o Apple. De hecho, desde el pasado 1 de abril, en el territorio británico estas compañías tienen que pagar la 'tasa Google', un recargo del 25% de los beneficios generado por las actividades desarrolladas dentro de sus fronteras.

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