Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Confemetal han firmado hoy el I Convenio estatal del Metal que regula las condiciones laborales de cerca de un millón de trabajadores y blinda la negociación colectiva en el sector a nivel provincial.
Tras la firma del convenio, en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en Madrid, el presidente de Confemetal y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que la firma del convenio, que pone fin a veinte años de negociaciones, es un ejemplo para la clase política de cómo los interlocutores sociales saben negociar y llegar a acuerdos.
Según han informado MCA-UGT y CCOO Industria en un comunicado conjunto, el convenio firmado pone orden a una estructura en la que coexisten 62 convenios colectivos sectoriales provinciales y más de 600 convenios de empresas.
Los sindicatos entienden que la heterogeneidad del sector lo hace "más rico pero también muy vulnerable" y lo expone a fragmentación y "a la acción invasora de antiguos y nuevos sectores económicos y a intereses colectivos de ámbito empresarial".
Este primer convenio entiende que son materias de competencia exclusiva y reservadas al ámbito estatal de negociación las siguientes: periodo de prueba, modalidades de contratación, clasificación profesional, jornada máxima anual de trabajo, régimen disciplinario, normas en materia de riesgos laborales y movilidad geográfica.
El convenio estatal suscrito establece un salario mínimo garantizado, que será fijado por cada uno de los convenios provinciales en su ámbito, lo que supone que a partir de ahora los salarios mínimos garantizados para los trabajadores del sector serán aquellos que rijan en sus respectivos territorios.
Entre las materias que fija el convenio también está la ultraactividad o vigencia pactada en todos los convenios de ámbito inferior, lo que va a permitir que no decaiga ningún convenio colectivo una vez concluida su vigencia, soslayando así lo aprobado en la reforma laboral de 2012 y dando cobertura a los trabajadores en materias como el salario.
Además amplía las competencias de la comisión paritaria estatal del sector, dando capacidad para resolver conflictos, algo que hasta ahora estaba circunscrito a la voluntad de las partes de intentar llegar a un acuerdo.
A partir de ahora, y una vez transcurrido un año sin alcanzar un acuerdo de ámbitos inferiores, la comisión paritaria estatal podrá resolver la controversia, evitando el bloqueo de los convenios.
El convenio firmado también regula la posibilidad de establecer un sistema autónomo de formación profesional para el empleo y en materia de salud laboral, introduce la necesidad de contar con la tarjeta profesional del metal.
En igualdad, incluye el compromiso de las partes para desarrollar un marco normativo sectorial que garantice la no discriminación y crea un comisión sectorial en igualdad.
El convenio también pone límites a la proliferación de convenios de empresas multiservicios.
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