Excúpula de PwC evita cárcel tras acuerdo con Fiscalía y pago de 38 millones

La excúpula de la firma auditora PwC ha eludido hoy su entrada en prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que ha rebajado su petición inicial de hasta 14 años de cárcel tras haber abonado la firma una multa que ronda 38 millones de euros.

El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha condenado a cuatro de los 45 antiguos socios de la compañía investigados, entre los que se encuentra su expresidente Miguel Fernández de Pinedo, por varios delitos fiscales cometidos entre 2002 y 2003.

Junto a él, han sido condenados el ex administrador solidario de PwC Consulting José María Tajadura, el ex socio responsable de la división legal César Rodríguez Ramos y el ex máximo responsable de los servicios fiscales de Landwell Miguel Cruz Amorós.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, a los cuatro les ha sido impuesta una pena de entre tres y seis meses de cárcel, conmutable por una multa económica.

Así, Fernández de Pinedo, Tajadura, Rodríguez y Amoros incurrieron en una reestructuración ficticia con la venta de la consultora de sistemas a IBM en 2002, una operación cuya finalidad fue la de acogerse a las ventajas fiscales previstas en el Impuesto de Sociedades.

Una versión que contradice a sus defensas, que siempre han mantenido que la reestructuración fue real, transparente y absolutamente legal, y que el resultado es la estructura societaria que todavía hoy sigue vigente.

Además, el fallo también considera que los exsocios deberían de haber tributado el bonus de 21 millones como rendimientos del trabajo, y no como incremento del patrimonio.

El resto de los investigados, entre los que figuraban antiguos socios de la compañía de diferentes nacionalidades, han sido absueltos de cualquier responsabilidad en relación a los hechos juzgados.

Por su parte, en una nota en la que no se han detallado los pormenores del acuerdo, Anticorrupción expone que el pago efectuado por PwC ha sido "determinante" para alcanzar la conformidad.

Se trata de 17,1 millones de euros en concepto de cuotas defraudadas a la Hacienda Pública, más 11 millones de intereses y 9 millones de multa.

En su escrito de acusación, la fiscal denunciaba que los 61 socios inicialmente investigados no declararon el bonus de 20,9 millones recibido en enero de 2002 como retribución, sino que incluyeron dichas rentas como parte del precio de venta de la división de consultoría a IBM, con una tributación muy inferior.

Sin embargo, cuando recibieron los bonus no habían comenzado las negociaciones con IBM, que empezaron en julio de 2002 y culminaron en octubre de ese año.

También denunció otros delitos fiscales por la omisión del deber de retención del IRPF del ejercicio de 2002 para cuatro sociedades de PWC que dejaron de ingresar una cantidad global superior a los 9,5 millones, así como por el ingreso de tributos correspondientes a la operación de venta de PwC Consulting a IBM Global España.

Por todo ello, solicitaba para ellos penas que iban desde los dos hasta los 14 años y diez meses de prisión.

Sin embargo, la lista finalmente se redujo a 45, tras la muerte de varios imputados y después de que el pasado año Anticorrupción retirase los cargos contra doce antiguos socios al no llegar su supuesto fraude al límite de los 120.000 euros que establece el ordenamiento penal.

Por su parte, PwC ha valorado una decisión que pone fin a un largo proceso judicial de 14 años y que, según la empresa de auditoría, les permitirá centrarse aún más en prestar "el mejor servicio posible" a sus clientes.

La sentencia dictada por el juez Vázquez Honrubia es firme, ya que ninguna de las partes ha mostrado al juez su intención de recurrir, y supone la primera condena en Europa como consecuencia de la trasposición de la directiva comunitaria sobre Régimen especial de Fusiones y Escisiones.

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