El Congreso pide crear una oficina que evalúe y priorice las infraestructuras

La Comisión de Fomento ha aprobado hoy instar a un nuevo Ejecutivo a que se cree una Oficina Nacional de Evaluación que dé prioridad a las obras de infraestructuras y evalúe su rentabilidad social y económica.

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado la proposición no de Ley presentada por Ciudadanos y que ha sido pactada con el PSOE, Democracia i Libertad (DiL) y con Podemos, y que pide que un organismo independiente, adscrito a las Cortes Generales, elabore un Plan de Evaluación y Promoción de Infraestructuras que sea reportado al Parlamento.

La iniciativa persigue que este plan evaluador estudie de forma "realista, acción por acción, los criterios y el régimen de financiación a medio y largo plazo" de las obras de construcción que se vayan a realizar, al tiempo que también analice el actual sistema de infraestructuras de ámbito nacional.

Esta oficina se encargaría también de revisar y auditar la viabilidad técnica y económica de las grandes inversiones nacionales.

La proposición no de Ley del grupo parlamentario de Ciudadanos argumenta que las infraestructuras son un factor determinante del crecimiento económico porque impulsan la competitividad de las empresas pero critica que en España muchas inversiones se hayan realizado a corto plazo por interés personal o partidista.

Recuerda la construcción de líneas de alta velocidad ferroviaria, aeropuertos o autopistas que se llevaron a cabo de forma "no justificada" y "poco consensuada" y cuyos ingresos "ni siquiera llegan a cubrir los gastos de explotación y mantenimiento".

"Se puede producir una pérdida de oportunidad al invertir en infraestructuras cuya rentabilidad para la sociedad puede ser inferior al de otro tipo de inversiones", incide Ciudadanos.

La diputada de formación naranja Irene Rivera ha pedido acabar con obras faraónicas que no tienen utilidad pública y ha afirmado que es necesaria una visión global sobre las infraestructuras "ya que se ha sacado rédito político en muchas Comunidades Autónomas".

Ha insistido en que las infraestructuras hay que afrontarlas desde un punto de vista estratégico, ya que son grandes inversiones, y ha pedido un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para la creación de esta entidad técnica.

"Un órgano independiente, técnico, no localista y que permita romper la visión personalista de muchas infraestructuras", ha explicado.

El diputado del grupo parlamentario socialista Juan Luis Gordo ha dicho que es el momento de no reproducir los errores del pasado, con "demandas mal calculadas" y ha insistido en que es "absolutamente" necesario que esta oficina no dependa del Gobierno y haga una evaluación integral de las infraestructuras.

Desde el grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem y En Marea, la diputada Ana María Pastor ha criticado que sean las grandes constructoras las encargadas de las grandes obras y ha afirmado que muchas de ellas son las que luego hacen "grandes donaciones ilegales o pagan grandes mordidas" para lograr sus trabajos.

"Defender a las grandes constructores no es sinónimo de priorizar las infraestructuras", ha señalado, pese a que ha argumentado su voto a favor para que los contratos públicos sean más transparentes.

El diputado de Democracia i Libertad (DiL) Ferrán Bel ha valorado la propuesta y ha señalado la necesidad de fijar unos criterios objetivos para realizar inversiones en infraestructuras y hacer un análisis coste-beneficio.

Asimismo, el portavoz de Compromís Joan Baldoví ha reiterado que hacen falta mecanismos independientes y objetivos para acometer las infraestructuras y ha puesto como ejemplo el que los primeros AVE fueran a Sevilla, cuando gobernaba Felipe González, y a Valladolid, cuando lo hacía José María Aznar.

La diputada del grupo del PP Ana Alós ha defendido que ya existe esta planificación para ver la rentabilidad económica y social de este tipo de inversiones.

"Las grandes infraestructuras en este país generalmente las empieza un gobierno y las termina otro, con lo que hablar de rédito político es una contradicción", ha señalado.

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