Economía.- La PMcM pide un decreto que sancione la morosidad tras el aumento de los plazos de pago a proveedores en 2018

El plazo medio de pago a proveedores aumentó a 68 días en el sector público y a 81 en el privado

El plazo medio de pago a proveedores aumentó a 68 días en el sector público y a 81 en el privado

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El plazo medio de pago a proveedores en 2018 aumentó en el sector público en tres días, hasta los 68 días, y en el sector privado en cuatro, hasta los 81 días, por lo que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha pedido al Gobierno que apruebe un real decreto con un régimen sancionador para los morosos y exige a los partidos que den prioridad a la nueva Ley de Morosidad.

Así lo ha señalado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, durante la presentación del Informe de Plazos Medios de Pago 2018, que refleja que tanto el sector público (68 días) como el privado (81 días) incumplieron de nuevo y empeoraron el periodo medio de pago establecido por la ley en 30 y 60 días, respectivamente.

El informe realizado con base en 700 respuestas refleja que un 53% de las empresas registró mayores ventas el año pasado, frente a un 33% que no notó variación y un 15% que presentó menos ventas, lo que pudo influenciar en la evolución de los plazos de pago en el sector privado, ya que un 66% no varió su tiempo para pagar, en un 28% de los casos fue más largo y en un 6% más corto.

Cañete ha advertido de que la corrección en el periodo medio de pago en el sector privado en los últimos años ha sido "muy leve", al haber bajado solo un 20% desde 2010, y ha incidido en el "preocupante" aumento de los plazos en el sector privado y público en el último año, si bien ha indicado que por tercer año consecutivo vuelve a pagar mejor el sector público que el privado.

"Un país que paga tarde es menos viable y menos competitivo", ha avisado Cañete, quien ha exigido a los partidos que incluyan en sus programas la aprobación de la proposición de ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que contempla sanciones a los morosos, ya que la "única oportunidad" de frenar la situación de morosidad en esta legislatura es que el Gobierno apruebe un real decreto ley.

LAS GRANDES EMPRESAS, LAS MÁS MOROSAS

El análisis refleja que el principal tipo de cliente del sector privado que tarda más en pagar es el de las grandes empresas con una facturación de más de 50 millones de euros (59%), seguido por las pymes (26%) y las micro empresas (14%). Dentro de las grandes empresas, ha incidido en el dato "aterrador" de que un 42% tarda más de 90 días en pagar a sus proveedores, frente al 39% que lo hace en entre 60 y 90 días y un 19% en menos del plazo legal de 60 días.

En el caso de las pymes, un 11% se demora entre 60 y 90 días en abonar las cantidades debidas a los proveedores, frente al 47% que tarda entre 60 y 90 días y el 42% que tarda menos de 60 días.

Respecto al sector público, un 73% de empresas cree que no ha variado su plazo medio de pago, mientras que un 15% cree que el sector público tarda más en pagar y un 12% que se retrasa menos que antes.

La ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se situó en el 2,9%, cinco décimas más que el año anterior, algo "preocupante" para Cañete, ya que "si sigue subiendo se verán quiebras", además de situarse por encima de la ratio media europea, de entre al 1,8% y el 1,9%.

UN 63% DE CONTRATOS SON "ILEGALES"

Además, Cañete ha denunciado la "impunidad" existente ante un 63% de empresas con contratos que exigen plazos superiores a los 60 días establecidos por ley, aunque ha descendido respecto al año pasado, cuando un 72% de los contratos se situaban fuera de la ley.

En este sentido, ha denunciado que un 86% de empresas no reclama nunca o casi nunca los intereses de demora en caso de impago, frente solo un 8% que lo hace a menudo y un 6% que siempre los exige. Un 64% de encuestados asegura conocer la legislación existente, mientras que un 36% aún la desconoce.

El presidente de la PMcM ha hecho hincapié en que el aumento de los plazo medios de pago a proveedores supone una "pérdida de competitividad" y pone en riesgo la "viabilidad" de las empresas, siendo además una "anomalía" para la economía, en la que acabará impactando como lo hizo en la crisis. Una de cada tres empresas que cerró durante los años de crisis lo hizo por la morosidad, ha recordado.

A su juicio, el aumento de la morosidad se debe a que las empresas, especialmente las grandes que se financian a través de las pymes, tienen un objetivo prefijado de márgenes y a las distintas posiciones de dominio.

EL BLOQUEO DE LA LEY

Cañete ha tildado de "populistas" algunas de las decisiones tomadas en los últimos meses, y ha cuestionado el alza del SMI, al ver primero necesario el aumento del valor añadido de las empresas y de la competitividad para posteriormente mejorar los salarios, ya que lo contrario es "hacer trampas al solitario".

"Si no hacemos nada tendremos un año de fiesta pero al año siguiente cerraremos el país", ha apostillado Cañete, quien ha alertado de la existencia de grupos de presión que buscan mantener sus márgenes de negocio a través de los plazos de pago.

Según Cañete, esto se evidenció durante la tramitación de la proposición de ley contra la Morosidad en el Congreso, donde el PSOE llegó a presentar una enmienda transaccional, respaldada por el PP, para restaurar la posibilidad de pactar plazos por encima del límite legal --alternativa eliminada en 2010--, algo que habría supuesto una "catástrofe".

De esta forma, ha exigido que, en caso de que finalmente no se apruebe el real decreto, los partidos den prioridad a este asunto y en la nueva legislatura se ponga de inmediato en marcha la ley, para que vea la luz un régimen sancionador a empresas morosas, un mecanismo extrajudicial y se mejore la información con un observatorio para el sector privado.

A este respecto, ha avisado del "desfase" entre los plazos de pago publicados por el Banco de España, tras integrar los registros mercantiles y las declaraciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que apuntan a un 56,5% de cumplimiento, y los que declaran las propias compañías, que lo elevan al 77,6%. Este desfase de datos podría corregirse, en su opinión, si el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) incluyera en su método de cálculo la fórmula clásica de contabilización de facturas.

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