Bruselas rescata la base común consolidada del impuesto de sociedades

La Comisión Europea (CE) presentó hoy una nueva versión de su propuesta para crear una base común consolidada del impuesto de sociedades en la Unión Europea (UE), una reforma con la que prevé atajar la ingeniería fiscal que permite a las multinacionales reducir al mínimo sus contribuciones.

Uno de los principales cambios en la reforma, que lleva paralizada un lustro por las reticencias de los países a ceder competencias en materia fiscal, es que se hará en dos pasos y será obligatoria para las empresas que facturen más de 750 millones de euros en la UE, según los documentos publicados por el Ejecutivo comunitario.

La CE rescata la propuesta en un momento propicio para su aprobación, después de la sanción a Apple -que tendrá que devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en impuestos no pagados- y con las revelaciones como la de LuxLeaks, sobre los acuerdos fiscales favorables ("tax rulings") ofrecidos a multinacionales por Luxemburgo, aún frescas en la memoria de los europeos.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, destacó que desde que en 2011 se puso la idea sobre la mesa "mucho ha cambiado en el enfoque, en la propuesta y en el panorama político".

"Que todos los Estados miembros apliquen las mismas reglas para calcular sus impuestos hará la vida más difícil a los evasores fiscales" apuntó por su parte el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

Para facilitar la digestión a los países la Comisión ha dividido la propuesta en dos: primero se abordará la creación de la base común del impuesto de sociedades y, en una segunda fase, la polémica consolidación de los beneficios a gravar.

La base común fijará una serie de reglas para que las empresas calculen su base imponible, que se aplicarán en los Veintiocho, de forma que los mismos activos sean deducibles en todos los países o que las tasas de depreciación para los mismos bienes sean homogéneas, por ejemplo.

La consolidación, el punto que genera más fricción, permitirá a las empresas agregar los beneficios y pérdidas registrados en todos los Estados miembros para calcular la base imponible que, después, se fraccionará entre todos los países donde opere la compañía para determinar el montante que puede gravar cada país.

El reparto se hará según una fórmula que tiene en cuenta los activos, las ventas y la mano de obra que la empresa tiene en cada Estado.

El objetivo de la Comisión es impedir que las empresas aprovechen las disparidades en los sistemas nacionales para ocultar datos en sus múltiples declaraciones de impuestos o transferir sus beneficios a países con regímenes fiscales más favorables.

Sin embargo, Bruselas ha dejado claro que la reforma no pretende fijar una tasa común en toda la UE para el impuesto de sociedades, lo que supondría adentrase en política fiscal, uno de las competencias que guardan celosamente los países y que muchos -como Irlanda, Luxemburgo, Bélgica u Holanda- utilizan para atraer empresas con incentivos.

La nueva BICCIS, como se conoce a la propuesta por sus siglas, prevé también "superdeducciones" para las empresas que inviertan en I D: los costes de esta financiación podrán deducirse al 100 %, hasta el 150 % si se invierten más de 20 millones, y del 200 % para las empresas emergentes (start-ups).

Además, la propuesta prevé que las empresas puedan beneficiarse durante diez años de deducciones sobre los intereses por la compra de acciones y no solo por la adquisición de deuda, como ocurre ahora, lo que a juicio de la CE favorecerá que las empresas recurran menos a endeudarse para financiarse.

La CE ha añadido a su paquete de reformas una propuesta para mejorar el mecanismo de arbitraje que dirime los conflictos sobre doble imposición, fijando un límite de dos años para que estado y empresa lleguen a una solución amistosa tras el cual, si esto no ocurre, una comisión de arbitraje deberá resolver el caso con una decisión vinculante en seis meses.EFECOM

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