El incentivo para retrasar la jubilación se queda a medio camino

La reforma de las pensiones penaliza el retraso de la jubilación al no aplicarse los coeficientes de mejora de manera mensual

Gobierno, patronal y sindicatos alcanzaron un principio de acuerdo para reformar las pensiones con el objetivo de hacer más sostenible el sistema.

Para ello, la columna vertebral de dicho acuerdo se basa en penalizar las jubilaciones anticipadas y premiar el retraso de la jubilación más allá de la edad legal.

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Sin embargo, los expertos coinciden en que se trata de una reforma insuficiente y que no incentiva esto último.

Rafael Villanueva, manager del área de Retirement de Willis Towers Watson, pone como ejemplo que en esta primera etapa se quedarán fuera de la reforma temas complicados y en los que sería necesario avanzar cuanto antes.

Estos serían el cambio del periodo de cómputo de la vida laboral de los trabajadores para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas, que no serán tratados hasta, previsiblemente, 2022. 

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Los incentivos para el retraso, sin valor

Uno de los puntos que recoge la reforma de las pensiones es que mejora la situación actual de la pensión demorada al elevar la bonificación al 4 por ciento por año (anteriormente, fluctuaban entre el 2 por ciento y el 4 por ciento) y hacerla independiente de los años cotizados.

No obstante, Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE, critica esta medida porque “se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo (la cantidad resultante entre lo que aporta el trabajador y lo que recibe) y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses”.

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Para que fuese equitativa se debería haber aplicado coeficientes aumentadores del 0,6 por ciento por mes de demora, es decir, de un 7,2 por ciento por año.

Por otro lado, se debería incluir la esperanza de vida para que individuos con las mismas carreras laborales, pero de distintas cohortes, reciban la misma suma de pensiones. 

“Esto supone que un aumento de la esperanza de vida implica menor pensión inicial”. 

Devesa critica que no se sabe como se recortará la pensión y da tres opciones: aumentando la edad de jubilación, aumentando el número de años cotizados para alcanzar un porcentaje del cien por cien o, directamente, bajando la pensión inicial. 

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En cambio, sí que se aplica coeficientes reductores mensuales en caso de jubilación anticipada con penalizaciones de entre el 2,81 por ciento y el 21 por ciento. 

Un pensionista que retrase su jubilación 11 meses no mejorará su pensión

Según los cálculos realizados por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers para una persona que tenga derecho a una pensión media mensual de 1.455 euros, el retraso de entre 1 y 11 meses no generaría una mayor pensión. 

Con un mes más -retraso de 12 meses de la edad de jubilación- la pensión analizada se situaría en los 1.513 euros, por debajo de los 1.559 euros a los que se podría llegar si se hubiera incluido en el pacto de reforma de las pensiones un sistema actuarialmente justo

En términos anuales, no ajustar actuarialmente el modelo de pensiones supone una pérdida de 652 euros al caso concreto analizado. 

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La misma situación se produce en el caso de una pensión mínima: habría que esperar hasta 12 meses para pasar de 851 a 885 euros mensuales, pero lo actuarialmente correcto sería alcanzar los 912 euros. 

El “cheque único” no es una buena opción 

Otra de las medidas que recoge la reforma es sustituir el incremento del 4 por ciento anual de la bonificación por el pago de un “cheque único”. 

Algo que, como explica Enrique Devesa “aún beneficia menos a los que opten por esta alternativa, ya que las cifras que aparecen en el borrador del anteproyecto aprobado nos indican que el pago del `cheque único´ supone una reducción respecto de la cantidad que sería equivalente sin hacerlo”

Para una pensión media mensual de 1.455 euros mensuales, el “cheque único” sería de 7.565 euros, mientras que lo más equitativo es que fuera de 13.878 para los hombres y de 16.480 para las mujeres. 

Se trata, así, de una opción económicamente adversa, pues supone que solo se cobra el 54,5 por ciento en el caso de los hombres y el 46 por ciento en el caso de las mujeres. 

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En el caso de la pensión mínima (851 euros mensuales), el “cheque único” sería de 5.466 euros, lo que representaría un 67 por ciento y un 57 por ciento de lo actuarialmente justo para hombres y mujeres, respectivamente. 

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