El mecanismo de pensiones de Escrivá "no está a la altura"

La OCDE recomienda al Gobierno aumentar la edad de jubilación y ampliar el periodo para calcular las pensiones

Las críticas a la reforma de las pensiones que ha diseñado el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá arrecian. Hasta ahora, los partidos de la oposición, los empresarios y los expertos en pensiones se han mostrado en contra de una reforma que consideran “incapaz” de lograr su objetivo de hacer sostenible el sistema público de pensiones, a esas críticas se han sumado esta semana las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El organismo internacional en su informe bienal sobre pensiones carga contra la reforma impulsada por el Gobierno español y le reprocha que haya sustituido el factor de sostenibilidad, aprobado en 20213 por el Gobierno de Rajoy, por el mecanismo de equidad intergeneracional para afrontar la subida del coste en pensiones debido a que ni siquiera reduce el coste de indexar las pensiones a la inflación.

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El informe establece que el nuevo mecanismo, que sube las cotizaciones a la Seguridad Social en 0,6 puntos durante un periodo de 10 años para afrontar el aumento del gasto en prestaciones derivado del retiro de la generación baby boomer, solo recaudará en ese periodo un 2,3 por ciento del PIB, cuando la indexación de las pensiones al IPC, otra de las medidas de Escrivá, supondrá un sobrecoste anual al equivalente al 1,4 por ciento del PIB en 2030 y del 2,6 por ciento a partir de 2050.

Un problema a largo plazo

Según ha manifestado Hervé Boulhol, autor del informe, el mecanismo de equidad intergeneracional da “un poco de oxígeno” a corto plazo, "pero no está a la altura del problema de largo plazo", por lo que "harán falta nuevas medidas".

Considera que entre 2040-2050 escasearán los recursos debido al rápido envejecimiento de la población en España y eso requiere "medidas estructurales", según ha declarado Boulhol a Efe.

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Una medida “ineficiente”

Las críticas de la OCDE al mecanismo de equidad intergeneracional son similares a las realizadas por los expertos en pensiones, que consideran que no es una medida “eficiente” para hacer frente al incremento del gasto en prestaciones, que ya supone el 12 por ciento del PIB.

Tampoco conseguirá rellenar la hucha de las pensiones, cuyo propósito es cubrir los déficits del sistema. Ahora solo guarda 2.000 millones de euros, una cifra muy alejada de los 66.815 millones que llegó a albergar en 2011.

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“El modelo propuesto por el Gobierno no va a guiarnos hacia un déficit cero sino hacia un déficit permanente del sistema de pensiones”, indica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.

De la misma opinión es Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones, para quien “el mecanismo de equidad no es eficaz para solucionar el déficit de las pensiones, pero sí lo es para generar ahora un exceso de ingresos que serán utilizados si las hipótesis financieras y actuariales no se cumplen y nos desviamos de los requerimientos de la Comisión Europea”.

Opina que este “no es el momento de generar una hucha sino de buscar un sistema real y fiable para llegar a solventar el déficit de la Seguridad Social”.

Envejecimiento de la población

Otra de las críticas a la medida se deriva de que no va por la vía del gasto sino por la del ingreso, “incrementando las cotizaciones sin considerar las variables demográficas, por lo que encarecerá los costes laborales y, por tanto, la contratación, con lo que hace un flaco favor a la generación de empleo”, asegura Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.

El experto considera esencial que el mecanismo tuviera en cuenta la evolución demográfica en España, ya que, según la OCDE, para 2050 se prevé que haya 78,4 personas mayores de 65 años por cada 100 entre los 20 y los 64 años, en edad de cotizar.

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Calcula que hasta 2060 la población de entre 20 y 64 años disminuirá en España más del 25 por ciento, frente a una media del 10 por ciento que lo hará en los países de la OCDE.

Por su parte, José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS y experto en pensiones, opina que aumentar 0,6 puntos porcentuales las cotizaciones durante una década como establece el mecanismo, "no será suficiente para afrontar el gasto en pensiones. Ni siquiera daría para asumir el gasto que va a suponer la actualización de las pensiones en función del IPC”.

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Pensiones demasiado generosas

Otra de las críticas que la OCDE hace al sistema público de pensiones español es que la derogación del factor de sostenibilidad ha provocado que la tasa de sustitución de las pensiones -porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido en la etapa laboral- haya crecido hasta el 89 por ciento, frente a la media del 62 por ciento de países de la OCDE.

Esto hace que "con la actual formula de las pensiones el sistema devuelva a los jubilados más de 1,5 euros por cada euro cotizado", apunta José Antonio Herce.

El informe también reconoce que los requerimientos existentes en España para cobrar una pensión completa son más “laxos” que en otros países.

Aquí un trabajador puede jubilarse a los 65 años con la pensión completa si ha cotizado 38,5 años, mientras que en Alemania se necesitan 45 años cotizados.

Objetivo: salvar las pensiones

La OCDE da al Gobierno una serie de recetas para hacer viable el sistema público de pensiones, entre las que destaca acercar la edad legal de jubilación, que en 2021 es a los 66 años, a la edad real de jubilación, que ronda los 64 años y medio; incrementar la edad legal de jubilación y aumentar el periodo para calcular las pensiones.

Las dos últimas medidas las analizó en su momento el ministro de Seguridad Social, pero finalmente las descartó por la polémica que generaron.

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Y es que, según el informe de la OCDE, para dar viabilidad a los sistemas de pensiones solo hay tres opciones: aumentar las cotizaciones, trabajar durante más años o disminuir las pensiones, medidas que ningún Gobierno desea afrontar debido a las consecuencias electorales que les pueden acarrear.

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