Las tres leyes que dan la vuelta a las pensiones

La reforma de las pensiones ya está en marcha, al menos la primera parte, tras la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del dictamen del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo, que vuelve a revalorizar las pensiones en función del IPC y sustituye el factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional. Introduce una subida de las cotizaciones.

Pero no es la única normativa que se está tramitando y que transformará las futuras pensiones. Otras dos son los presupuestos generales del Estado (PGE), que modifican la ley de planes y fondos de pensiones, y el anteproyecto de ley que plantea la creación de un macro fondo público de pensiones.

Proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo

Propone actuar sobre dos objetivos: garantizar "el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a través de un criterio de revalorización vinculado a la evolución de la inflación" y fortalecer "la estructura de financiación de la Seguridad Social a través de la asunción por el Estado de los gastos de naturaleza no contributiva".

Establece que la revalorización de las pensiones al comienzo de cada año se realizará de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior, con la garantía de que en el caso de inflación negativa "las pensiones no sufrirán merma alguna".

Una medida peligrosa para el sistema

Esta revalorización de las pensiones en función del IPC no convence a los expertos. Aducen que pone en peligro la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Este es el caso de Gonzalo Núñez, abogado del bufete Bardají-Honrado Abogados y profesor de la Udima, para quien “resulta muy peligrosa para la Seguridad Social, además de suponer una carga adicional para los actuales cotizantes".

Para Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, la revalorización con el IPC “es la solución fácil” porque mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, pero “si no se añaden ingresos extra al sistema, este presentará graves problemas de sostenibilidad”.

El proyecto de ley también penaliza el adelanto de la jubilación e incentiva su retraso con un incremento del 4 por ciento de la pensión por año de demora, en vez del 2 por ciento actual.

Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado

La aprobación de los PGE para 2022 también generará cambios en las pensiones, ya que recogen una rebaja del límite de las aportaciones a los planes individuales con derecho a desgravación en el IRPF, desde los 2.000 euros a 1.500 euros.

Estos descensos perjudicarán a 7,5 millones de participes en planes de pensiones individuales y a casi un millón de ahorradores en planes de previsión asegurados (PPA), señalan desde Inverco.

Un recorte "injustificable"

La medida tampoco ha sido del agrado de los expertos ni de la industria.

“Esta nueva reducción es sorprendente y no va en línea con la promoción de los tres pilares del sistema de pensiones que propugna la OCDE: las pensiones públicas (primer pilar), los planes de pensiones de empleo (segundo pilar) y los planes individuales (tercer pilar)", señala Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.

Para quien "si el Gobierno no quiere eliminar los planes individuales le falta poco. Ya los ha dejado muy limitados"

Argumenta que la forma de proceder del Gobierno no es "razonable ni oportuna y menos cuando estos planes siguen funcionando a pesar de las reducciones fiscales y financieras que han sufrido en los último diez años".

También José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS, cree que el nuevo recorte propuesto es "injustificable”, igual que el que realizó Escrivá en 2020 para el actual ejercicio al reducir de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones a planes de pensione individuales.

Por ello se pregunta “¿a dónde va a llegar? el Gobierno con estas medidas" y cree que Hacienda y el Ministerio de Seguridad Social "se equivocan al tomarlas".

¿Cómo paliar los efectos negativos de la reforma?

Castigar la jubilación anticipada y reducir los límites de aportación a los planes de pensiones individuales “podría suponer un aumento de costes para las empresas en sus procesos de salidas y renovación de plantillas y una menor flexibilidad para acceder a la jubilación”, argumenta Marta Pedrero, consultora senior de Previsión Social en Mercer.

Además, considera que implican una creciente complejidad en cuanto a la planificación e implementación de las políticas de sucesión, lo que podría provocar dificultades para retener el talento y cuellos de botella en el desarrollo de la carrera de empleados más jóvenes.

Para mitigar los perjuicios que pueda ocasionar la reforma a futuros pensionista y a las empresas, Mercer propone implementar nuevas formas de trabajo para empleados seniors y desarrollar planes de carrera o sistemas de desvinculaciones. También considera “muy relevante, trabajar en nuevos modelos de salidas de profesionales y en planes de financiación de estas”.

Anteproyecto de ley para impulsar el macro fondo

La tercera normativa, el anteproyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, prevé la creación por parte del Gobierno, de un macro de empleo público al que puedan acogerse tanto pymes, como autónomos y entes públicos, sin cerrar la puerta a aquellas empresas privadas que lo deseen.

Esto permitirá, a juicio de los expertos de Mercer, que todas estas entidades implementen de una manera más sencilla sistemas de ahorro que mejoren las condiciones económicas de sus trabajadores.

Defectos del fondo público de empresa

Los expertos valoran “positivamente” la creación del macro fondo público, pero reconocen que nace con “defectos”.

Este es el caso de Enrique Devesa, para quien la idea de fomentar el segundo pilar de previsión social "es buena" porque "va a facilitar a empresas, trabajadores y autónomos el acceso a los planes de empleo". Sin embargo, critica que se impulsen a costa de reducir los incentivos fiscales a los planes individuales.

Otra debilidad del fondo, a juicio de Devesa, es que "se deja todo en manos de los convenios colectivos, lo cual introduce incertidumbre sobre las posibles diferencias y distinto trato hacia los partícipes que puedan surgir".

El peligro de los traspasos

Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), también atribuye defectos al anteproyecto de ley, como que va a provocar traspasos de planes de pensiones de empleo con rentabilidades positivas, “atraídos por las promesas de menores comisiones y mejor tratamiento fiscal”.

Pero no es la única carencia, "la no obligatoriedad de inscripción de los trabajadores a estos productos puede que, a pesar de la negociación colectiva, deje sin suficientes partícipes a estos planes", sostiene Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.

A lo que se suma que "no incorpora incentivos fiscales para las empresas, lo que deja en un punto muerto la negociación". Se pregunta por qué “los trabajadores cambiarían parte de su salario inmediato por salario diferido cuando ya les cuesta llegar a fin de mes".