Al Gobierno se le atraganta la reforma de las pensiones en plena fractura por la ley "sí es sí"

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha incumplido su compromiso con Bruselas de aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones antes de 2023 y, aunque ha asegurado que ya está "cerca del final" y que espera concluirla “en las próximas semanas”, todo indica que su aprobación se hará esperar.

El retraso de esta reforma se convierte en otro quebradero de cabeza para el Gobierno, que se encuentra dividido para encontrar una salida a los problemas que está provocando la conocida ley del "sí es sí".

Escrivá tiene que negociar a tres bandas para sacar adelante la reforma: con Bruselas, con los agentes sociales y con otros grupos parlamentarios, pero en los dos últimos casos los acuerdos no llegan.

La negociación con los agentes sociales está en punto muerto y la mesa del diálogo social lleva más de un mes sin reunirse.

Sindicatos y empresarios se quejan de que el Gobierno no les informa sobre el contenido de la segunda fase de la reforma, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

Tampoco avanzan las negociaciones de Escrivá con sus socios de Gobierno Unidas Podemos ni con otros grupos políticos para conseguir el apoyo parlamentario que necesita para sacar adelante el proyecto.

En este caso, el desencuentro se debe a que el grupo morado y otros partidos de izquierdas se oponen a la propuesta del ministro de ampliar el periodo de cómputo para calculas las pensiones desde los 25 años actuales hasta 30 años, descartando los 24 meses con menor base de cotización.

Argumentan que el cambio generaría una bajada de las pensiones de los futuros jubilados.

Destopar las cotizaciones no gusta a los empresarios

Otro de los cambios que el ministro pretende introducir en la reforma es el destope de las cotizaciones máximas, una medida con la que no están de acuerdo los empresarios.

Pretende llevar a cabo una subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2025 y 2050, acompañada de una subida inferior de la cuantía de las pensiones máximas.

Durante ese período, "la base máxima de cotización aumentaría un 35 por ciento en términos reales -tras ajustarla por la inflación-, mientras que la pensión máxima crecería un 3 por ciento", apuntan fuentes de Fedea.

Unas propuestas fallidas

Ampliar el cómputo de las pensiones y destopar las bases máximas de cotización no conseguirían cumplir el objetivo de la reforma: garantizar la sostenibilidad del sistema, en opinión de los expertos de Fedea.

Argumentan que el aumento del periodo de cómputo generaría “una ligera reducción” de la pensión media inicial de los futuros jubilados, que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducirlo en el futuro, pero “solo de forma muy modesta”.

Calculan que el ahorro en 2050 se situaría, como mucho, en el 0,3 por ciento del PIB.

El destope parcial de las cotizaciones sociales “tampoco resolvería los problemas de sostenibilidad del sistema”, señalan los expertos, ya que aportaría como mucho un 0,15 por ciento del PIB en nuevos ingresos cuando se complete en 2050.

Consideran que la suma de ambas cantidades “está muy por debajo” de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma, que el Gobierno cifra en torno a 3,5 puntos de PIB en 2050.

También Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, cree que “a falta de que aparezcan otras medidas, la reforma de las pensiones supone un incremento muy importante del gasto sin una contrapartida en cuanto a un aumento relevante de ingresos o una reducción significativa de costes”.

Urge la aprobación de la reforma

El desacuerdo entre las partes implicadas en la reforma de las pensiones y el retraso de su aprobación puede salir caro a España debido a que Bruselas ha condicionado la concesión de nuevos fondos europeos a la aprobación de medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

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