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Pintan bastos para las sicav en España. Pierden patrimonio en pleno acoso gubernamental

Las sicav rompen la racha creciente en España al registrar pérdidas de patrimonio en enero por inversiones desafortunadas y un saldo negativo entre suscripciones y reembolsos. El contexto político es poco halagüeño para estos instrumentos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE). EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE). EFE

Las sicav empezaron el ejercicio con una pérdida de patrimonio de entre el 0,74% y el 0,9%, según la fuente que se consulte. El cálculo más negativo lo firma Inverco.

Confirmó que el volumen gestionado por estos instrumentos descendió hasta los 29.712 millones de euros entre diciembre y enero. Ello supone un descenso de casi un 1%.

VDOS presenta unas cifras más optimistas, aunque traen importantes reducciones mensuales. Según este estudio, el montante total de las sicav en España es de 29.248 millones de euros para la cata de enero.

Los dos trabajos estadísticos coinciden en que las sicav rompieron medio año de expansión consecutiva.

En enero la depreciación patrimonial se atribuye a pérdidas mínimas de 175 millones de euros y a un saldo negativo de entre 40 y 50 millones entre suscripciones y reembolsos.

Las previsiones para lo que queda de año recogen una reducción adicional, como mínimo del 0,5%. Se prevé que el patrimonio acumulado a final de año ronde los 29.300 millones 

El Gobierno contra las sicav españolas

A las cifras sectoriales cabe añadir el contexto político para rematar un futuro poco prometedor para las sicav en España. El Gobierno español de coalición (PSOE con Unidas Podemos) pretende endurecer su control.

El Ejecutivo añadirá requisitos adicionales como topar el porcentaje máximo suscrito por un mismo inversor. La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero (PSOE), será la encargada de incrementar la vigilancia sobre esta sociedades.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, señala que las exigencias a las sicav en España ya son superiores a los vigentes en otros países europeos.

Por tanto, el temor de la asociación se sustenta en que las decisiones que pueda tomar la Moncloa sólo debiliten las sicav españolas frente a las del resto de Europa.

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