La comunidades autónomas gestionarán el 80% del 0,7 del IRPF

Montserrat asegura que los fondos, que esta año ascienden a 240 millones, serán «condicionados y finalistas»

Las comunidades autónomas gestionarán el 80% del fondo destinado a subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, mientras que el Estado repartirá el 20% restante. Así lo acordó este lunes el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional que el pasado mes de enero daba la razón al recurso de Cataluña contra el anterior sistema de distribución del fondo, el cual destinaba a las comunidades autónomas la distribuición del 20% de lo recaudado de los contribuyentes que marcan la casilla de 'actividades de interés general consideradas de interés social' en su declaración de la renta.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que presidió la reunión, aseguró que el Gobierno garantizará que estos fondos tengan una aplicación «finalista» y que el Ministerio recibirá por parte de las comunidades autónomas la justificación de los fondos, de manera que se garantizará su «transparencia». Montserrat recordó que para diseñar este nuevo modelo su departamento ha mantenido más de 50 reuniones con las entidades y con las autonomías, porque el «principal objetivo de esta reforma del modelo cumplir la ley al tiempo que se garantiza que las ayudas sigan llegando cada año de forma directa a las personas que más lo necesitan, los más de siete millones de personas que cada año se benefician del programa».

Para determinar la proporción de fondos que corresponden al tramo estatal se ha tenido en cuenta cuáles son las competencias que el Estado puede ejercer en el ámbito de estos programas y la distribución de los programas en la última convocatoria del programa. El modelo de gestión mixta fue acordado por unanimidad entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del 26 de abril. En la convocatoria de ayudas para 2017, se repartirán 240,8 millones de euros, es decir, seis millones más que en 2016. De los 240,8 millones, 48,2 millones corresponden al tramo estatal y 192, 6 millones al tramo autonómico.

Pese a todas estas garantías de transparencia defendidas por Dolors Montserrat y justificación de los proyectos a subvencionar, el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (Cermi) consideró como «devastador» el nuevo modelo de gestión de la asignación tributaria. Según esta ONG, el modelo presentado por la ministra de Sanidad cuenta con la «oposición unánime» del tercer sector, porque «el exiguo tramo estatal provocará el debilitamiento extremo cuando no la desaparición del tejido social de ámbito estatal, con la pérdida de programas coordinados y coherentes, con equidad interterritorial, de gran alcance para la inclusión y el bienestar de amplias capas de la población con mayores necesidades sociales».

En portada

Noticias de