Cepyme apuesta por no esperar hasta 2027 para jubilarse a los 67 años

Que no haya que esperar hasta 2027 para que la edad de jubilación de los españoles alcance los 67 años. Ésta es una de las propuestas de mejora del sistema de pensiones que la patronal de las pequeñas y medianas empresas ha puesto encima de la mesa. Así lo anunció este lunes la directora de relaciones laborales de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, durante su intervención ante la comisión del Pacto de Toledo que está llevando a cabo una serie de comparecencias de expertos en el Congreso.

Dicho de otra forma, Díaz de Terán pidió acelerar la implantación de la reforma de las pensiones que se hizo en 2011 -entonces con el beneplácito de todos los agentes sociales, puesto que ya en 2013 el Gobierno del PP haría otra reforma del sistema aprovechando su mayoría absoluta en el Parlamento- y que ampliaba la edad de jubilación progresivamente de los 65 años en que se situaba hace cinco años a los 67 en 2027, a razón de un mes al año hasta 2018 y desde entonces hasta 2017 dos meses más cada año.

Dicha reforma también recoge la ampliación desde los 35 hasta los 38 años y seis meses el periodo de tiempo necesario de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión. Y también lo hacía de manera progresiva: tres meses más cada año. Algo que la patronal liderada por Antonio Garamendi también pide acortar o, al menos, reflexionar y profundizar sobre estas medidas. De igual manera se establecía una ampliación del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión de 15 a 25 años (un año más desde 2013 hasta 2022), algo que Díaz de Terán cree conveniente que se tenga en cuenta toda la vida laboral de una persona.

«No planteo reducir las pensiones, pero estoy segura de que los números no salen y las pensiones que se están pagando ahora no serán posibles el día de la mañana, sobre todo, las más altas», defendió la dirigente empresarial.

El PSOE, no obstante, se opuso rápidamente a estas medidas. "No estamos en disposición de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad que se aprobó en la reforma de las pensiones de 2011", replicó el portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas. Este, durante una reunión con los representantes de los autónomos de ATA y UPTA, abogó en cambio por implantar un impuesto a las grandes fortunas que ayude a aumentar los ingresos a la Seguridad Social. Hablamos de destopar por arriba las cotizaciones.

En definitiva, los socialistas reclaman «que las cotizaciones sociales se incrementen para los salarios más relevantes», al tiempo que Simancas puntualizó que también habría que ampliar las prestaciones correspondientes. «Hablamos de impuestos necesariamente. No de impuestos a las clases trabajadores y clase medias sino a las rentas del capital y las grandes fortunas», concluyó. Díaz de Terán considera que esto supondría "un coste importante para las empresas" y en cualquier caso estimó que tendría que destoparse también entonces las pensiones.

Oposición de PP y Podemos

De cualquier modo, PP y Podemos también dudaron de la idoneidad de acortar el plazo de edad legal de jubilación. "»Estaría muy bien si hoy echáramos a andar todo un sistema», sostuvo el parlamentario popular José María Barrios, que ejemplificó que hoy se pagan pensiones máximas con un período de cotización de 10 años, pensiones calculadas en función de los dos últimos años o «incluso un día», por lo que mantuvo que «sería bastante complicado» compatibilizar un sistema nuevo con el vigente.

Por su parte, Alberto Montero, diputado de Podemos, criticó abiertamente esta propuesta, argumentando que esto supondría recortar un 20% las nuevas pensiones, según el cálculo que hizo Funcas. Otras de las propuestas que defendió la patronal Cepyme fueron las de que los autónomos paguen más cotizaciones, avanzar en la separación de fuentes de financiación o luchar contra el absentismo.

Ya por la tarde, le tocó el turno de intervenir en la comisión al secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, quien propuso que parte de las pensiones, fundamentalmente las de viudedad y orfandad, se financien a través de nuevos ingresos fiscales vía Presupuestos Generales del Estado y, además, elevando dos puntos las cotizaciones sociales.

Esta última subida, que sería "temporal" -matizó-, aportaría 7.000 millones de euros extra a las arcas de la Seguridad Social, mientras que a través de la parte impositiva de las cuentas públicas se obtendrían otros 19.000 millones. Eso sí, se mostró partidario de mejorar la recaudación tributaria en general en vez de tener que crear un impuesto especial para las pensiones.