Un año del CETA, el acuerdo de las protestas y que casi veta una región belga

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá entró provisionalmente en vigor hace hoy un año y comienza ahora a mostrar sus frutos, pese al accidentado camino que precedió a su firma, con protestas en toda Europa y el amago de bloqueo de la región belga de Valonia.

Ambos bloques iniciaron las negociaciones formalmente el 10 de junio de 2009 en Montreal y concluyeron con la aprobación del tratado en la cumbre de líderes europeos con Canadá el 30 de octubre de 2016, que permitió su entrada en vigor provisional menos de un año más tarde.

Para la aplicación definitiva del "Comprehensive Economic and Trade Agreement" (CETA), todos los parlamentos nacionales europeos deben avalarlo.

El acuerdo elimina virtualmente todos los aranceles que se aplicaban al comercio entre Canadá y los Veintiocho desde el momento de entrada en vigor, uniendo así dos territorios con una población conjunta de más de 550 millones de personas, y abre también sus respectivos mercados de contratación pública y de servicios.

Las cifras publicadas este jueves por la Comisión Europea para celebrar el primer cumpleaños del CETA reflejan un impulso del 7 % en las exportaciones europeas al país norteamericano entre octubre de 2017 y junio de 2018, aún más pronunciado en sectores como el cosmético y el de la ropa ( 11 %) y en el farmacéutico y mobiliario ( 10 %).

En cuanto a los productos agroalimentarios, se han visto particularmente reforzadas las ventas a Canadá de chocolate ( 34 %), frutas y nueces ( 29 %) o vinos espumosos ( 11 %).

El tratado protege además 143 denominaciones de origen e indicaciones geográficas, de las que 28 son españolas, lo cual significa que en Canadá están cubiertos con esta etiqueta productos como el azafrán de la Mancha o los turrones de Alicante y de Jijona.

Las 1.598 páginas del acuerdo estuvieron al borde del abismo durante dos semanas de octubre de 2016, entre que el Parlamento de la región belga de Valonia votó en contra del acuerdo y luego la misma Cámara levantó el veto.

La región sureña belga, de unos 3,5 millones de habitantes y que suponía apenas el 9,5 % del total de las exportaciones del país a Canadá, pese a suponer prácticamente la mitad del territorio de Bélgica, se oponía al acuerdo por las posibles consecuencias para su sector primario, como la potencial llegada a Europa de carne tratada con hormonas o producida bajo estándares sanitarios inferiores.

Finalmente, tras catorce días de negociaciones de dirigentes canadienses e instituciones comunitarias con la región valona, a contrarreloj, ya que el consenso de todos los socios era necesario para la firma, el Parlamento valón votó a favor de sellar el CETA.

Aunque el bloqueo acabó con final feliz, fue un episodio sintomático de las reticencias de la ciudadanía europea ante estos tratados comerciales, que, según los activistas contrarios a su firma, suponen una pérdida de soberanía de los parlamentos y van en detrimento de los derechos sociales.

El verano previo a la firma del CETA estuvo trufado de manifestaciones en toda Europa, impulsadas por sindicatos, grupos ecologistas, partidos del espectro de centro e izquierda, e incluso asociaciones religiosas, que advertían contra las consecuencias sociales, laborales y medioambientales que conllevaría su ratificación.

Grupos de activistas contrarios al CETA entregaron 3,5 millones de firmas a dos vicepresidentes del Parlamento Europeo en la jornada en la que el pleno de la institución respaldó el acuerdo con los votos de los grandes grupos y pese a la oposición de la mayor parte de los Verdes europeos y de la Izquierda Unitaria.

Aún a fecha de hoy, el acuerdo entre la UE y Canadá no se ha refrendado en varios países europeos (España lo hizo en junio de 2017), por lo que no ha entrado en vigor de manera completa.

De hecho, el nuevo Gobierno de Italia advirtió en junio de que no tiene intención de ratificarlo, al considerar que no protege suficientes denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos italianos, una amenaza que, de hacerse realidad, haría que el CETA dejase de aplicarse en la UE.

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