Taxistas catalanes dan tregua hasta día 11 a Generalitat sobre regulación VTC

Los taxistas han dado una tregua hasta el viernes a la Generalitat para que decida si accede a obligar a precontratar los servicios de alquiler de vehículo con conductor (VTC) con un mínimo de 12 horas de antelación, o de lo contrario convocará movilizaciones que tendrán su punto álgido en la celebración del Congreso Mundial de Móviles (MWC, acrónimo en inglés) en febrero en Barcelona

Fuentes del sector han detallado a Efe que han accedido a prorrogar el plazo marcado en un primer momento, que expira mañana, porque desde el Gobierno catalán han mostrado buena voluntad y se han comprometido a "estudiar la viabilidad jurídica" de las exigencias de los taxistas, que también piden que los conductores de servicios como Uber, Cabify y plataformas similares no puedan estar deambulando por la calle.

Éste ha sido el principal resultado de la reunión que han mantenido esta tarde representantes de Élite Taxi, el Sindicato del Taxi de Cataluña (Stac) y la Asociación Empresarial del Taxi.

En el encuentro, los taxistas han vuelto a poner sus dos principales demandas a incorporar en la futura normativa catalana de las licencias VTC: que sea obligatorio precontratar estos servicios con una antelación mínima de 12 horas y que, además, una vez prestado el servicio, los coches de Uber, Cabify y otras plataformas similares deban volver a la base.

"Si no se establece la precontratación y estos vehículos se quedan circulando por la calle, entonces están haciendo de taxis. Y quien quiera hacer de taxi que obtenga una licencia", ha sostenido horas antes de la cita el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez.

En caso de que la Generalitat no acceda a sus demandas, los sindicatos convocarán una asamblea en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat para concretar un calendario de movilizaciones indefinidas, que incluirán con el "bloqueo total" de los accesos por carretera al congreso mundial de móviles, el MWC.

El pasado otoño, el Gobierno aprobó un real decreto que facultaba a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con una posible implantación de segundas licencias para respetar el ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis).