Sota: El Gobierno trabaja para reducir paro y no justificar ayudas a centros

El consejero de Empleo, Juan José Sota, ha considerado "medias verdades, inexactitudes y datos falsos" los aportados por los centros[…]

El consejero de Empleo, Juan José Sota, ha considerado "medias verdades, inexactitudes y datos falsos" los aportados por los centros de formación sobre su situación y ha recordado que el Gobierno trabaja para reducir el paro y "no para justificar subvenciones a centros de formación privados".

Sota asegura que entiende las "dificultades" de los centros privados de formación por las modificaciones legislativas que ha aprobado el Gobierno central, pero ha mostrado su "sorpresa" por las declaraciones de la presidenta de la plataforma que agrupa a esos centros y responsable de Formación de CEOE, Monserrat Peña.

Peña ha denunciado esta mañana que el Gobierno regional les adeuda unos 20 millones de euros correspondientes a los cursos impartidos en los dos últimos años y ha apuntado la "difícil" situación de estos centros.

Respecto a la deuda, Sota ha recordado que según la ley estatal que regula las ayudas a esta formación, los centros reciben un 25 % de su subvención tras ser concedida y hasta un 35 % cuando acreditan el inicio del curso, mientras que el 40 % solo puede cobrarse una vez finalizada la formación y justificada.

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Y ha precisado que la Administración tiene un plazo de doce meses para revisar toda la documentación.

Sota ha recordado que esos criterios están recogidos en la ley estatal que regula esas ayudas y asegura que han sido "reiteradamente" explicados por el Gobierno regional a la CEOE "en las múltiples reuniones" que se han mantenido.

"En todas (las reuniones) se pretendió que la comunidad autónoma no aplicara los límites establecidos por la ley estatal, ante lo que se respondió que en materia laboral el Estado tiene la competencia exclusiva para legislar y que no era legal que el Gobierno de Cantabria aprobara normas que contradijeran la Ley del Estado", ha afirmado Sota.

Respecto a los cursos, ha recordado que se decidió no programar aquellos que no tenían demanda, porque "no se puede obligar a ningún desempleado a hacer cosas que no le aporten nada para encontrar un puesto de trabajo", y ha asegurado que en este caso también se comunicó "hace meses" a la patronal y los sindicatos.

Ha negado el consejero que se haya dejado de asesorar a los desempleados sobre los cursos de los que disponen, porque ha recordado que el Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) amplió el año pasado en doce personas el equipo de orientadores laborales de la red de oficinas de empleo y a partir del 1 de marzo ese servicio se verá reforzado con 21 entidades para la atención a parados de larga duración.

"La novedad estriba en que será cada desempleado el que elija qué curso quiere hacer y no al revés, como venía sucediendo hasta ahora, con las oficinas de empleo enviando miles de cartas y SMS buscando los alumnos que los centros de formación no encontraban", ha matizado Sota.

Respecto al cierre de centros, ha dicho que le consta que se han dado de bajo el Forem, dependiente de CCOO, y Ifes-UGT, "que obviamente no están ni estaban representados por CEOE-Cepyme", así como otro centro, "actualmente en concurso de acreedores, debido a una mala situación económica arrastrad desde la anterior legislatura autonómica".

En relación a esa anterior legislatura, Sota ha apostillado que "sí ha debido repercutir negativamente en el devenir de algunos centros".

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo afirma que también es "falso" que estén en peligro los fondos europeos para esta formación, porque recuerda que la gestión del fondo social europeo no depende del número de cursos, si no del cumplimiento de una serie de objetivos.

Y, en este sentido, asegura que Cantabria lleva a cabo esos objetivos con programas vinculados a la generación de empleo estable y de calidad, el emprendimiento, la inclusión social y la conciliación de la vida familiar y laboral.

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