Sólo Cantabria y País Vasco recuperan gasto público por habitante precrisis

Sólo País Vasco y Cantabria han recuperado los niveles de gasto público por habitante que había antes de la crisis, según un informe de la Fundación BBVA, que subraya además que hay diferencias notables entre unas comunidades y otras respecto a lo que destinan a educación, sanidad y protección social.

En su último informe de la serie "Esenciales", elaborado junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), esta fundación analiza la etapa de 2003 a 2016 y señala que no todas las comunidades se han comportado de la misma manera a lo largo de ese tiempo.

Durante la etapa expansiva (de 2003 a 2009), el gasto real por habitante en servicios públicos esenciales experimentó un crecimiento acumulado de algo más del 20 % en todas las autonomías y rebasó el 40 % en Murcia y en Castilla-La Mancha.

Tampoco fue la misma la intensidad de los ajustes en los años de crisis y, mientras Castilla-La Mancha redujo su gasto en esta materia por encima del 26 % entre 2009 y 2013, el País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos de un 10 %.

De media, las comunidades bajaron su gasto público un 15 % durante la crisis, mientras que la Seguridad Social -que se encarga principalmente de las pensiones y las prestaciones por desempleo- logró proteger el nivel de gasto en servicios públicos fundamentales.

En los últimos años, agrega el estudio, el gasto ha iniciado una senda de recuperación, si bien ninguna comunidad, excepto Cantabria y País Vasco, ha recuperado los niveles de gasto público per cápita (calculado en euros constantes) previos a la crisis.

Además de experimentar evoluciones tan distintas, los niveles de gasto en educación, sanidad y protección social por habitante difieren notablemente entre comunidades, hasta el punto de que el del País Vasco (3.218 euros) es un 42 % superior al de Canarias (2.265 euros).

El gasto por habitante ajustado de País Vasco y Navarra es 31 puntos y 23 puntos superior a la media española en 2016, respectivamente, mientras que el de las comunidades insulares (Baleares y Canarias) fue un 7-8 % inferior.

Unas diferencias interregionales que ya eran patentes en el momento en el que finalizó el traspaso de competencias a las comunidades en 2002 y la posición relativa de las mismas apenas ha sufrido modificaciones a lo largo de periodo.

Y es que, según recuerda la Fundación BBVA, la existencia de obligaciones de gasto por habitante son distintas dependiendo del territorio, de manera que una población más envejecida tiene mayores necesidades sanitarias y de dependencia que una más joven, cuyas exigencias están más enfocadas al ámbito educativo.

Las comunidades con población más dispersa asumen igualmente mayores costes unitarios para prestar servicios públicos como consecuencia del desaprovechamiento de las economías de escala.

Se analiza además el nivel de bienestar calculado a partir de variables de naturaleza objetiva correspondientes a tres dimensiones: bienestar material, educación y salud.

País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid y Cantabria se situaron en las primeras posiciones en cuanto a bienestar en 2015 (último año disponible), y todas ellas -excepto la comunidad madrileña- presentan un gasto en servicios públicos fundamentales superior a la media española.

En las últimas posiciones se encuentran Canarias y Andalucía, ambas por debajo del promedio en gasto público per cápita.