Salvador: Reducción de velocidad en El Saler no mengua la capacidad de la vía

La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, ha asegurado hoy en Les Corts que la reducción de velocidad máxima en la carretera del Saler (CV-500) de 80 a 60 km/h no mengua la capacidad de la vía porque la distancia de seguridad entre vehículos ha de ser menor.

Salvador ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar las actuaciones de su departamento en esta carretera, que atraviesa el parque natural de l'Albufera y presenta una intensidad media diaria de más de 15.000 vehículos.

"Se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho a la movilidad, la seguridad viaria, el desarrollo de la actividad económica y el ocio y la preservación del entorno natural", ha manifestado la consellera.

En este contexto, la Conselleria "homogeneizó la anchura de la calzada a tres metros por carril, con el consiguiente aumento de los arcenes, lo cual mejora la seguridad del transporte público y los ciclistas".

Esto, ha explicado, no implica una reducción en la capacidad de la carretera ni afecta especialmente a los vehículos agrícolas, que han de ocupar parte de los arcenes, o a los servicios de emergencias porque la anchura de la plataforma es la misma y tienen prioridad absoluta.

"El índice de peligrosidad media de la CV-500 entre las glorietas de El Saler y Les Palmeretes entre 2011 y 2015 fue de 20, más elevado que el índice medio en la red de carreteras de la Generalitat en ese periodo, que fue de 17,6", ha agregado.

Sobre la instalación de resaltos o también denominados "cojines berlineses", Salvador ha reconocido que se están retirando porque a los transportistas agrícolas les generan problemas en la ubicación de la carga, de modo que, a medida que el Ayuntamiento de El Perellonet instala pasos semaforizados, estos cojines están siendo retirados.

Su instalación, ha detallado, costó 2.947 euros, la señalización 6.352 y la retirada "se sabrá cuando se quiten todos" para "ser reutilizados en otros municipios".

"Respecto a la incidencia sobre la actividad económica, si hablamos de la agrícola no se debería dar, porque los vehículos especiales son más anchos que la calzada, antes y ahora, y por lo que respecta a los cojines ya están siendo retirados", ha continuado.

"Si hablamos de la actividad de restauración, hay que decir que la capacidad de la calzada es la misma que antes. Las medidas que se han tomado apenas han de incidir en los tiempos de recorrido", según Salvador.

La consellera ha insistido en que "la normativa de carreteras estatal y autonómica no exige un periodo de información pública, ni tampoco evaluación de impacto ambiental".

"Pero a pesar de eso, y como consecuencia del eco de las obras, nos hemos reunido dos veces con alcaldes de las pedanías y asociaciones de vecinos. No todos están en contra", ha concluido.

El diputado del PP, Luis Santamaría, ha reprochado a la consellera la falta de información a los afectados y ha preguntado si la Conselleria pidió informes de Protección Civil o de Emergencias antes de acometer las obras.

"No digo que esos informes sean preceptivos, pero ¿se han pedido? ¿Cómo afectará todo esto al tráfico en época estival? ¿Se ha consultado con los agricultores? Si se le hubiese consultado no habría sido necesario poner y quitar los resaltos", ha afirmado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos María José García ha insistido en que su partido ha conocido quejas de los vecinos, y ha advertido sobre la peligrosidad que a su juicio implican determinadas paradas de autobús, que obstruyen parte del carril bici y, cuando el autobús está detenido, obligan a los coches a invadir el carril contrario.

Para el diputado de Compromís Juan Ponce "el PP ha utilizado este tema para crear cortinas de humo sobre sus vergüenzas que constantemente llenan los periódicos, la triste actualidad", y ha considerado que este es "uno de los mil problemas heredados al que este Gobierno intenta poner orden. Parece mentira que se pudiese circular a 80 km/h cuando había informes que advertían sobre el atropello de la fauna".

Para Josep Almería, de Podemos, "el problema tiene poca consistencia, es un vial conocido por todos que tiene unas limitaciones, sobre todo el periodo estival. Es rimbombante que se diga que los cambios ponen en peligro la actividad económica de la zona".

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