Presupuestos: Las recetas para cumplir con Bruselas

Se acaba la interinidad de un Gobierno en funciones. Se acaba el impasse en materia legislativa y presupuestaria. Y con todo ello, se acaba la tregua tácita concedida por Bruselas a España durante este año para controlar el desfase fiscal. Es decir, llegan los ajustes. El nuevo Ejecutivo tendrá que incluir en las cuentas de 2017 medidas para reducir el déficit en al menos 5.500 millones y cumplir así la senda de consolidación fiscal marcada por la Comisión Europea, cuyo titular económico es Pierre Moscovici. Un camino que implica rebajar el déficit del 4,6% de 2016 al 3,1% del próximo año. El Gobierno considera que el crecimiento aportará gran parte de esa corrección, pero todavía faltará un recorte equivalente a cinco décimas del PIB. La incógnita es cómo lo hará. Las recetas que el Ejecutivo maneja son aumentar los ingresos o reducir los gastos. Es decir, subir los impuestos o recortar partidas presupuestarias. Una decisión que deberá tomar en apenas unas semanas.

Reducir el gasto

La primera señal para saber qué camino piensa tomar el nuevo Gobierno será la aprobación del techo de gasto, paso necesario para elaborar los Presupuestos de 2017 y que será abordado muy pronto por el Consejo de Ministros. En los últimos tres ejercicios ese límite se ha reducido. Habrá que ver si mantiene esa tendencia o se suaviza, lo que podría indicar que el foco se sitúa en los ingresos. En cualquier caso, los expertos consideran que el ajuste no se realizará por el camino del gasto y ven como opción más probable un aumento de la presión fiscal. «Lo lógico sería reducir gastos. Pero es muy difícil. Si no se hizo con un Gobierno con mayoría absoluta ahora es más complicado», explica el economista y profesor del IESE José Ramón Pin. En su opinión, salvo en educación, sanidad y servicios sociales, se puede ajustar en «todo lo demás» para lograr una administración más eficiente, aunque no cree que el ajute vaya por ese camino.

«No se pueden aplicar más medidas de recortes porque el Estado de bienestar ya ha sufrido bastante», explica el profesor del departamento de Economía y Finanzas de Esade, Robert Tornabell. A su juicio, al Gobierno no le quedará más remedio que recurrir a los impuestos. «En campaña se bajaron y ahora es el momento para subirlos», señala este experto. Precisamente, la rebaja fiscal ha tenido un impacto negativo en la recaudación tributaria con una caída del 4,4% de los ingresos del Estado hasta septiembre, según datos de Hacienda. De hecho, el déficit de la administración central es el que peor comportamiento ha registrado este año y ya ha consumido el nuevo margen concedido por Bruselas.

Sociedades, en el foco

El mayor problema se centra en el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación se ha desplomado un 25% en los primeros nueve meses del año. Un escenario tan preocupante que ha obligado al Gobierno a aprobar de urgencia una medida para adelantar el cobro del pago fraccionado (vigente entre 2012 y 2015) para las compañías con una facturación superior a los 10 millones de euros. Una iniciativa con la que el departamento que dirige Cristóbal Montoro espera obtener 8.300 millones para las arcas públicas este año. Sin embargo, algunos expertos consideran que todavía se puede hacer más, sobre todo en la limitación de las deducciones. De hecho, uno de los compromisos en el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos va en esa dirección al proponer la necesidad de reformar Sociedades para «cerrar agujeros» y «recaudar más sin subir los tipos nominales». Es decir, luchar contra la ingeniería fiscal para aproximar los tipos efectivos a los nominales. «Las grandes compañías siempre encuentran formas para pagar menos impuestos», recuerda Tornabell. Se trata de impedir esa planificación fiscal agresiva.

El profesor de Esade también considera que hay margen para incrementar la imposición directa. En este sentido, cree necesario subir el IRPF a las rentas más altas. De momento, los ingresos por este impuesto también se han reducido un 7,7%. Sin embargo, subir los tipos sería una medida que iría en contra del acuerdo firmado entre populares y el partido de Albert Rivera que rechazaba un incremento de este tributo y aplazaba una nueva rebaja a la reducción del déficit por debajo del 3%.

También existe la posibilidad de elevar el Impuesto de Patrimonio para las rentas más altas, aunque algunos expertos consideran que la capacidad de generar ingresos de estos tributos es escasa. «Los impuestos a las grandes fortunas no recaudan nada. Además, las grandes rentas tienen posibilidad de eludir fiscalmente esta tributación», recuerda José Ramón Pin.

Otra de las opciones para mejorar los ingresos es incrementar el IVA. «Subir el tipo general sería la solución más natural», señala el profesor del IESE. Una medida que tiene la ventaja de que su efecto es inmediato, aunque podría afectar al consumo. En este sentido, el Gobierno también podría decantarse por traspasar productos gravados con el tipo superreducido (4%) o reducido (10%) al general como reclaman Bruselas y el FMI desde hace varios años. También existe la palanca de los Impuestos Especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos) o aumentar la fiscalidad medioambienteal, otra de las demandas habituales de Bruselas.

Más inversión

Al margen del recorte del gasto o la subida de impuestos hay economistas que defienden una solución alternativa. «Lo más importante es la inversión del Gobierno. Si no hay inversión no se puede conseguir un crecimiento robusto y creación de empleo», explica Carles Manera, catedrático de Historia Económica de la Universidad Islas Baleares y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Este experto lamenta que esta partida haya sido la primera víctima de los recortes presupuestarios. Sin embargo, ve clave el uso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para espolear la economía y advierte que el denominado plan Juncker es «insuficiente y necesita más palanca pública para incentivar el sector privado». Habrá que esperar para saber la receta que aplica el Gobierno.

Las medidas para cuadrar las cuetnas de gobiernos anteriores

Zapatero optó por congelar las pensiones y subir el IVA, mientras Rajoy aumentó más impuestos y recortó en educación y sanidad

El ajuste presupuestario que el nuevo Gobierno deberá afrontar de cara a 2017 no será, ni mucho menos, el primero ni el más duro que se produce desde el inicio de la crisis. De hecho, Ejecutivos de distintos colores políticos aprobaron recortes y subidas de impuestos de mayor envergadura de las que previsiblemente recogerán los próximos Presupuestos Generales. Todos esos ajustes buscaban lo mismo: reducir el déficit y cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.

Así, el primer gran ajuste se produjo el 12 de mayo de 2010 cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció, tras fuertes presiones internacionales y de los mercados, la congelación de las pensiones (salvo las mínimas y no contributivas) para ahorrar 1.500 millones de euros y controlar el déficit de la Seguridad Social. Además, rebajó el sueldo de los funcionarios un 5% de media.

Con estas medidas y alguna adicional, como la supresión del 'cheque bebé' (ayuda de 2.500 euros a la natalidad), el Ejecutivo acometió un tijeretazo equivalente al 1,5% del PIB (en 2017 el ajuste será del 0,5% si se cumplen las previsiones de crecimiento). Unas medidas que supusieron el principio del ocaso del Gobierno socialista.

Antes de este recorte del gasto público el Gobierno de Zapatero había buscado en 2009 incrementar los ingresos mediante una subida del IVA, tanto del tipo general (del 16% al 18%) como del reducido (del 7% al 8%). Con ello esperaba un aumento de la recaudación de un punto del PIB. Además, el Gobierno socialista recuperó el Impuesto sobre el Patrimonio -el mismo Ejecutivo lo había suprimido en 2007- con la idea de que fuese una medida transitoria. Sin embargo, este tributo todavía sigue vigente y sin visos de eliminarse. En cualquier caso, a pesar de esos duros recortes sociales y subidas impositivas el déficit público apena se redujo dos puntos desde su máximo del 11% y se mantuvo por encima del 9% al final de la legislatura.

     El estreno de Mariano Rajoy en La Moncloa vino con una espectacular subida de impuestos para incrementar la recaudación en 6.000 millones. En concreto, elevó el IRPF en todos los tramos (desde un 0,75 puntos en el más bajo hasta siete en el más elevado). Asimismo, subió el IBI para aquellas viviendas con un valor catastral superior a la media de cada municipio.

     Más polémico fue todavía la decisión de subir el IVA en 2012 después de haberlo negado hasta la saciedad. El tipo general pasó al 21% y el reducido al 10%. Una medida que fue más dura para algunos sectores como el cultural (cine, teatros...), que pasaron directamente del tipo reducido al general.

     Pero el Ejecutivo del PP también decidió ajustar por la vía del gasto. Una de las medidas más polémicas fue la suspensión de la paga extra de Navidad a los funcionarios en 2012. Una paga que han ido recuperando de forma gradual al menos los empleados públicos de la administración general del Estado. El gasto social también fue víctima de un importante tijeretazo en los Presupuestos de 2012 con un recorte de 10.000 millones en materias tan delicadas como sanidad y educación.

Las medidas para cuadrar las cuentas de gobiernos anteriores