Policía de Nicaragua captura a dos manifestantes, los señala de delincuentes

La Policía de Nicaragua informó hoy de la captura de dos manifestantes, a los que señaló de "delincuentes", en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Franklin Javier Morales García y Carlos Manuel López fueron presentados como "responsables de delitos graves" en las ciudades de León (noroeste) y Granada (Pacífico), por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a través de medios del Gobierno.

Morales es acusado por la DAJ de dirigir a un grupo dedicado a secuestros y robos, que lideró un bloqueo de carretera en León, y además incendió una estación de Policía y una sede universitaria, con saldo de 1 muerto, 9 heridos, 5 de ellos policías.

López es acusado de los mismos delitos, pero en la ciudad de Granada.

Organismos humanitarios han reprobado las capturas y acusaciones contra los manifestantes, las que consideran parte de una "criminalización de la protesta".

Según dichos organismos unos 552 a 558 "presos políticos" se encuentran en las cárceles de Nicaragua, cuyo Gobierno reconoce 273 reos, a los que denomina "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

Adicionalmente los organismos cuentan entre 325 y 528 muertos, principalmente en las manifestaciones, de los que el Gobierno reconoce 199.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega no acepta la responsabilidad y reclama haber enfrentado un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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