Planta reciclaje Palencia con 40 trabajadores advierte del riesgo de cierre

La planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos Induraees, situada en Osorno (Palencia), ha anunciado que dejará de recoger electrodomésticos debido a la complicada situación económica que atraviesa y que pone en peligro la continuidad de esta empresa y de sus 40 trabajadores.

Fue la primera planta de estas características que abrió sus puertas en Castilla y León, un centro para el tratamiento y gestión de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEES) que supuso una inversión de 10 millones de euros e inauguró en marzo de 2009 la entonces vicepresidente primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz.

Sin embargo Induraees ha comunicado a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León que mañana viernes dejará de recoger electrodomésticos para su tratamiento, según han informado a EFE fuentes de la empresa.

Una situación a la que se ha visto abocada ante los continuos incumplimientos de los fabricantes de electrodomésticos y la falta de vigilancia de la Junta de Castilla y León para que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos se traten en centros autorizados como este y no acaben en chatarrerías sin autorización.

Según ha explicado la empresa, que gestiona todas las categorías de RAEES y tiene una capacidad de tratamiento de 30.000 toneladas de este tipo de residuos, el problema es que nunca han conseguido tratar más de 4.000 toneladas de aparatos procedentes de Castilla y León.

Una cifra que apenas supone el 10 por ciento de los RAEES que se generan en Castilla y León, y que el propio plan de residuos sitúa en 43.000 toneladas anuales, según ha indicado la empresa que hace responsable a la Junta de la falta de "vigilancia" para que se cumpla con la normativa europea en esta materia.

Más aún cuando el reciclaje que debería hacerse en este tipo de centros de tratamiento "se está haciendo en malas condiciones en sitios no autorizados", han asegurado.

Con el peligro añadido de que muchos de los materiales de los aparatos eléctricos y electrónicos son peligrosos y suponen un riesgo para la salud de los trabajadores que los tratan sin la correspondientes garantías de seguridad, y para el medio ambiente.

Además han recordado que el consumidor, cuando compra un electrodoméstico, paga por su reciclaje (hasta 20 euros por un frigorífico), mientras que los fabricantes, cobran por reciclar lo que venden y luego no lo reciclan.

"Se quedan con este dinero y la Junta de Castilla y León lo consiente", han afirmado asegurando que dos terceras partes de los aparatos eléctricos y electrónicos acaban en chatarrerías no autorizadas.

Con todo, esta planta, que cuenta con la tecnología más avanzada de Europa y solo con tratar el 30% de los residuos que se producen podría dar empleo a 150 personas, está viendo peligrar la continuidad de su actividad y el empleo.

De hecho en solo cuatro años su plantilla, que en 2012 era de 80 trabajadores, se ha visto reducida a la mitad, y han asegurado que de seguir con esta tendencia, tendrán que cerrar antes de que acabe el año.

Desde la empresa han insistido en que no hay que "inventar" nada, ya que su continuidad estaría asegurada si en Castilla y León se hiciera lo que se hace en otras comunidades autónomas españolas, es decir "gestionar legalmente los RAEES".

Precisamente hoy el procurador de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño, ha exigido a la Consejería de Fomento actuaciones inmediatas para evitar el cierre de esta planta de reciclaje y ha responsabilizado al consejero de Fomento, por su "inacción absoluta", de estar abocando a la empresa "al cierre" y como consecuencia al despido de sus 40 trabajadores.EFE

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