Oxfam pide al Congreso que active un plan contra los paraísos fiscales
Oxfam Intermón ha pedido hoy al Congreso que active un plan de acción urgente contra los paraísos fiscales y ha[…]
Oxfam Intermón ha pedido hoy al Congreso que active un plan de acción urgente contra los paraísos fiscales y ha subrayado que la lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad en España y en Europa.
La organización destaca que el plan debería constar de cinco pasos, como revisar la definición y el listado de los paraísos fiscales para incorporar a Panamá y crear un registro público de propietarios finales de cuentas y empresas "offshore".
Oxfam Intermón reclama también una mayor transparencia en la información de las grandes empresas, territorios libres de paraísos fiscales y el establecimiento de sanciones económicas y comerciales a estas prácticas.
Esta entidad denuncia el doble rasero de la comunidad internacional ante el "abuso continuado" de los paraísos fiscales y acusa a España y a otros gobiernos de haber sido "cómplices" de esta situación.
En los últimos quince años, precisa, la inversión internacional hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro, creciendo el doble de rápido que la economía mundial.
La organización resalta que Panamá está en el epicentro del "tsunami fiscal", pero son muchos los países con prácticas similares de "competencia desleal, secretismo y opacidad".
Mossack Fonseca creó en 2005 más de 210.000 empresas "offshore", una cada 10 minutos, recuerda Oxfam Intermón, que pone de relieve la desproporción de la inversión en territorios tan pequeños como estos que arrastran en cambio una competencia desleal perjudicial para todos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comparecido hoy en el Congreso para responder a preguntas de los grupos parlamentarios sobre el desajuste encontrado en el déficit fiscal, "un agujero en las cuentas públicas que podría condicionar el cumplimiento de la inversión en políticas sociales de calidad y universales", apunta.
Desde su punto de vista, las medidas de reducción del déficit fiscal y la garantía de los derechos sociales van de la mano de acciones claras e inmediatas de lucha contra la evasión y elusión fiscal.
Si el fraude fiscal en España se equiparase al promedio europeo, se podrían recaudar hasta 25.500 millones de euros adicionales, 18.300 de ellos provenientes de grandes fortunas y grandes empresas, según la organización.