Oposición de Nicaragua dice que exige libertad como derecho humano básico

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó este martes que su exigencia de la liberación de "presos políticos" y garantía de libertades públicas, para negociar con el Gobierno la salida de la crisis de Nicaragua, se debe a que estos son derechos humanos fundamentales, no una "concesión" del presidente Daniel Ortega.

"La libertad no es una concesión de Ortega, es un derecho humano fundamental, a cuenta de qué la tiene Ortega", dijo la integrante de la Alianza y experta en derecho constitucional, Azahalea Solís, a periodistas.

El movimiento opositor dejó plantado a la delegación gubernamental esta mañana en las negociaciones, por segundo día consecutivo, que solamente retornará a la mesa cuando "el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz".

Entre las muestras de "buena voluntad" que reclama la Alianza al Gobierno está la liberación de los manifestantes presos por participar en protestas contra Ortega, el cese de la represión y "secuestros", así como del hostigamiento a los familiares de los convictos.

La alianza también demanda plena observancia y respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los "presos políticos", para evitar que estos sigan recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la pronta asistencia médica de los detenidos.

"El Gobierno no ha dado muestras en un tema central como es la libertad, que se respeten los derechos y garantías de los nicaragüenses, ¿vamos a aceptar que somos esclavos y que no tenemos derecho a la libertad de expresión, de movilización, de organización?", cuestionó Solís.

Movimientos organizados por las víctimas de la crisis, como el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, y la Asociación de Madres de Abril, entre otros, han anunciado su respaldo a la decisión de la Alianza.

La delegación gubernamental ratificó en el comunicado el "invariable compromiso del Estado nicaragüense, con la mesa de conversaciones, según lo acordado en la hoja de ruta firmada el día 5 de marzo del 2019", que no incluye la discusión de los temas centrales, como son la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia.

La apertura del Gobierno se da cuando penden sobre Nicaragua sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado, de acuerdo con la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Organismos humanitarios además reportan de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

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