Montoro intervendrá la Hacienda de Cataluña en 48 horas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado hoy que el Gobierno asumirá el pago de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo "de control de pagos novedoso".

El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos "no afecta al ejercicio de las competencias", pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el Ministro de Hacienda quien lo adopte.

Remite a la Fiscalia la negativa de la interventora de la Generalitat de informar sobre las cuentas

Por otro lado, Montoro ha enviado a la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont.

El titular de Hacienda ha explicado las nuevas medidas de control de las cuentas catalanas. Ha precisado que se han adoptado después de que el vicepresidente de la Generalitat anunciara por carta al Ministerio de Hacienda que no iban a informar semanalmente como se les pidió por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 21 de julio.

A este hecho se ha sumado, según Cristóbal Montoro, que la interventora de la Generalitat se ha dirigido al Ministerio para decir que había recibido la orden de Junqueras de que no informara y de que había acatado la decisión.

"Lo que hemos hecho ha sido enviar a la Fiscalía esta situación", ha anunciado el ministro, quien ha recalcado la "obligación" de cualquier funcionario público de cumplir con la legalidad.