Llarena rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación

El juez de la Sala II del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación de caudales públicos pero no por rebelión ó sedición. Llarena ha decidido igualmente retirar la euroorden para el arresto del ex presidente de la Generalitat. 

Llarena responde así a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein que hace una semana resolvió a favor de la extradición de Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por uno de rebelión, tal y como solicitaba el juez.

En un auto, el magistrado retira la orden europea de detención que pesa sobre el expresidente catalán, lo que significa que permanecerá en libertad, pero no podrá regresar a España ya que sería automáticamente arrestado -al estar vigente la orden de detención nacional- hasta pasados un mínimo de 20 años, que es lo que tarda en prescribir el delito de rebelión

Llarena destaca "la falta de compromiso" del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

Para el juez Llarena, el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue.

"En tal sentido -argumenta el magistrado-- no resulta conforme con la Decisión Marco que se deniegue la tramitación de la orden de detención respecto de unos hechos principales de rebelión o sedición (limitándose el ejercicio de la jurisdicción española a la persecución del delito de malversación de fondos públicos), a partir de un análisis en el que las autoridades judiciales del país de ejecución no realizan una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, sino que abordan el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales".

Añade que lo hacen además "desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes. Al actuar de ese modo, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado".