La Guardía Civil sospecha que Rato pudo usar a Santander y CaixaBank para defraudar

Los distintos frentes abiertos en la investigación sobre la ocultación del patrimonio real de Rodrigo Rato siguen aumentando. Algunos parecen más cerca de su final, como la adjudicación presuntamente irregular de contratos a la agencia de publicidad Zenith -junto a su matriz Publicis- y la banca de inversión Lazard, mientras que otros llevan todavía poco en marcha.

Uno de los últimos lo componen las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los asesoramientos que quien fuera ministro de Economía con los gobiernos de José María Aznar prestó a dos de los principales bancos del país años atrás. En concreto, al Santander y Caixabank.

Con el primero empezó a trabajar como asesor internacional en 2008, medio año después de haber dimitido como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por razones personales. Con esa ocupación estuvo dos años, cobrando en total cerca de 200.000 euros, hasta que fue nombrado en enero de 2010 presidente de Caja Madrid y, un año después, de Bankia. Tras su salida de allí en 2012, volvió a colaborar con la entidad que entonces encabezaba Emilio Botín.

En ese tiempo, además, Rato trabajó como socio de la filial española de Lazard. Aparte de su sueldo, cobró un «bonus extraordinario» diferido de seis millones de dólares brutos (5,4 millones de euros hoy en día) pero estaba obligado a «no captar, directa o indirectamente, a un competidor» suyo, según documentos de la compañía. El resultado fue que, ya como presidente de Bankia, aquella firma llegó a situarse segunda en su ranking de contratos.

Una tercera ocupación del expolítico metido a financiero fue ser consejero de Criteria, la filial que agrupa las participaciones industriales de La Caixa. Aquello coincidió con su primera etapa asesorando al Santander (2008-2010) y finalizó por las mismas razones de incompatibilidad, al pasar a dirigir a un competidor bancario directo.

Ya en 2014 entró en el consejo de Servihabitat, la inmobiliaria de la entidad financiera catalana, aunque apenas duró medio año hasta que fue destituido -al igual que de su puesto en la firma estadounidense Texas Pacific, uno de los fondos 'buitre' más conocidos en el sector- por su implicación en el escándalo de las tarjetas 'black'. Por este caso se sentará en el banquillo a finales de septiembre junto a otros 65 antiguos representantes de caja Madrid y Bankia, acusados de despilfarrar 15,5 millones de euros en «gastos personales» no autorizados -llegó a 'quemar' 100.000 euros con ellas-.

Los agentes de la UCO sospechan que en parte de esos trabajos el exministro pudo recurrir a una ficción instrumental como la que demandó a Telefónica, cuando fue fichado como asesor suyo en enero de 2013, para no figurar directamente en el contrato. El fin último de esta estrategia era optimizar su tratamiento fiscal, puesto que al firmar una sociedad suya (Kradonara) en vez de él mismo abrió la puerta a tributar luego esos ingresos en el Impuesto de Sociedades y no como IRPF, que le hubiera resultado más oneroso.

«Fraude por simulación»

El problema es que tanto la Guardia Civil como la Agencia Tributaria consideran que eso, en la práctica, supondría «un fraude por simulación de contrato». Argumentan que pese a que es Rato quien presta el servicio remunerado -y así se le indicó a la operadora, según confirmó su secretario general en el juzgado, quien defendió como «lógico» y «legal» aquel acuerdo-, «interpuso a una persona jurídica», y además opaca -la propietaria formal de Kradonara es Vivaway, otra instrumental que se gestiona desde el paraíso fiscal de Gibraltar-, para ocultar a Hacienda el destinatario real del dinero.

Precisamente varios de los hasta nueve presuntos delitos fiscales que la administración tributaria atribuye al expolítico devienen de esa práctica aparentemente irregular. Dos, no obstante, habrían prescrito ya y para el resto la cuota presuntamente defraudada superaría los 5,5 millones de euros. La defensa del exministro, por el contrario, sostiene que no hay nada ilegal sino, en todo caso, «discrepancias administrativas» que se saldarían si llegara el caso con la sanción económica pertinente.

Aparte de los trabajos con el Santander y Caixabank, donde según fuentes del sector financiero sí figuraría Rato directamente en los acuerdos -extremo que ahora corroborarán los investigadores-, la Guardia Civil va a revisar otros contratos de asesoramiento y también para dar conferencias. El exministro está citado de nuevo como investigado (imputado) el próximo 8 de septiembre para aclarar esos extremos y, además, un presunto trato de favor a su excuñado cuando presidía Bankia al contratarle como asesor de riesgos.