La Comisión de la Verdad de González-Sinde

Lo que da realmente da miedo de la disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que protege la propiedad intelectual es su propio nombre: Comisión de Propiedad Intelectual. Y es que a falta de que Zapatero haga efectiva su palabra de no cerrar ninguna web, todavía no ha explicado si éstas se podrán suspender temporalmente, que es básicamente de lo que habla ley norma. Vamos, que para el caso es lo mismo.

Pero la  denominación no hace ninguna referencia a sus principales funciones. Cerrar páginas en Internet. Se imagina que se pudiera cerrar un periódico o una radio que haga referencia a otras informaciones o a documentos con los derechos de autor reservados. Pues es la cruzada que se le ha metido entre ceja y ceja a González-Sinde en intento de liquidar los agregadores de noticias y páginas que llevan a descargas ilegales. ¿No suena al Ministerio de la Verdad de Orwell? Ya saben, aquellos funcionarios grises que borraban de los libros las informaciones que no interesaban al Gran Hermano.

La disposición  se  lleva por delante a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley de Protección de Datos, que regulan el uso de Internet, y de soslayo toca alguna norma fundamental, como 'ese insignificante' derecho de la libertad de expresión. Zapatero ha dado marcha atrás, pero la inclusión en la ley estrella del Gobierno no es casualidad.

El desarrollo de la Ley prevé la creación de una comisión dentro del Ministerio de Cultura que pueda interrumpir una página web cuando valoren que se viola la propiedad intelectual . En la práctica, supone ahorrarse el farragoso proceso judicial en el que juez protege los derechos de ambas partes. Sobre el papel la comisión parece diseñada para que las brigadas de la SGAE puedan desplegar toda su autoridad con la ley de su lado.

Existe el riesgo que está comisión no sea tan independiente como se plantea, ni tampoco tenga criterio y juicio divino como para que puedan decidir sanciones y tomar decisiones sin que haya ninguna garantía para los acusados.