La batalla de los grandes ayuntamientos contra Montoro se recrudece

España cumplirá el objetivo de déficit del 3,1% este año. Así lo indica el Gobierno y lo avalan todas las previsiones de organismos internacionales y nacionales. Sin embargo, la letra pequeña de esos planes muestran que ese compromiso se alcanzará gracias a los ayuntamientos. Y es que las corporaciones locales son las únicas administraciones públicas que tienen las cuentas saneadas, lo que permite compensar los desfases de otros sectores como la Seguridad Social o el propio Estado.

Pero estas cifras favorables han dado lugar a un enfrentamiento de los municipios, sobre todo los más grandes que son quienes tienen la cuentas más saneadas, con Hacienda por la limitación del uso del superávit que implica la regla de gasto. Una batalla que se ha recrudecido en las últimas semanas y se ha vislumbrado en el férreo control impuesto por Hacienda a las cuentas del ayuntamiento de Madrid, que incumple desde 2015 la regla de gasto. Un choque que se suma al frente que los consistorios mantienen con el departamento que dirige Cristóbal Montoro por la reformulación del impuesto de plusvalía municipal o por la reforma de la financiación local.

La principal cuita que libran Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene que ver con la modificación de la regla de gasto. Una normativa contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que limita el incremento del gasto cada año en función del «crecimiento potencial de la economía». En la práctica, es el Ministerio de Economía quien fija ese porcentaje en base a fórmulas matemáticas. En 2017 ese aumento del gasto quedó fijado en el 2,1%.

Esto significa que aunque el año pasado las corporaciones locales lograron un saldo positivo de 7.083 millones, equivalente al 0,64% del PIB, no lo pueden consumir todo, sólo hasta el tope que marca la regla de gasto. Los municipios denuncian que no pueden invertir esos recursos sobrantes en mejorar los servicios públicos.

La previsión es que en 2017 las corporaciones locales cierren de nuevo con un superávit similar e incluso superior, lo que supondrá el sexto año consecutivo con cifras favorables. Y una vez más, el gasto está tasado. En realidad la regla de gasto actúa para todas las administraciones públicas, pero en la práctica sólo afecta a los municipios por ser los únicos que no tienen déficit.

El problema para Hacienda es que algunos grandes ayuntamientos han empezado a rebelarse contra este corsé. De hecho, los 16 municipios con más de 250.000 habitantes reducirán su superávit un significativo 40% este ejercicio, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Una reducción provocada por el incumplimiento de la regla de gasto. Un escenario que se produjo ya en 2016, cuando los grandes ayuntamientos redujeron su superávit agregado un 1%. De hecho, a principios de año 70 de las localidades más pobladas firmaron un manifiesto a favor de modificar esta norma.

Regla «irrenunciable»

A esta presión se ha sumado el PSOE, que esta semana reclamó a Montoro que flexibilice su aplicación. Sin embargo, desde Hacienda se muestran prudentes ante cualquier cambio. El ministro mostró el pasado miércoles en el Congreso su satisfacción por el comportamiento presupuestario de los ayuntamientos, pero dejó claro que la regla de gasto es «irrenunciable». Sin embargo, también recordó que hay un grupo de trabajo con la FEMP para estudiar modificaciones en la normativa siempre que sean compatibles con los compromisos de estabilidad financiera de la UE.

El otro gran frente existente entre ambas partes es todavía más urgente de resolver. Se trata de la reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -conocido como plusvalía municipal-. El Tribunal Constitucional anuló en mayo la tributación para el contribuyente en los casos en que se registren pérdidas en la venta del inmueble. Desde entonces, la FEMP pide a Hacienda que reforme el impuesto para acabar con la inseguridad jurídica. Los municipios temen las reclamaciones por el cobro indebido a los contribuyentes en los periodos no prescritos. En esos años la recaudación alcanzó los 8.756 millones, aunque no en todos los casos hubo pérdidas en las ventas.

Ambas partes se reunieron la semana pasada sin cerrar un acuerdo. Hacienda propone comprobar la plusvalía al comparar las escrituras de adquisición y de transacción. Además, quedarán sujetas al impuesto las operaciones de compraventa inferiores a un año, algo que ahora no ocurría.