Junta exige al Gobierno criterios mínimos en regulación de pisos turísticos

La Junta de Castilla y León exige al Gobierno criterios mínimos y comunes que regulen el alquiler de pisos para uso turístico, al margen de que sean las comunidades autónomas las que tengan las competencias y apliquen su propia normativa en función de sus respectivos intereses económicos y sociales.

El Gobierno "debe mantener una postura de país para marcar los límites a las normas que afectan a la libre competencia de mercados" y que están influidas por la libre disposición en cada comunidad autónoma, ha explicado hoy a Efe el director general de Turismo de Castilla y león, Javier Ramírez.

Existen requisitos como la exigencia de una placa que identifique los pisos, si se alquilan por habitaciones o todo el inmueble, algo que en algunas comunidades se ha regulado "y en otras no", ha insistido ramírez después de asistir en Madrid, en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a una reunión sobre este asunto.

Convocados por el ministerio, ha presidido la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, y han asistido representantes de la comunidades autónomas, de las empresas del sector (Exceltur) y de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

"No basta con convocar, estas reuniones deben materializarse en actuaciones concretas y criterios comunes", ha lamentado el director general antes de exponer algunos ejemplos sobre una dispersión normativa que en su opinión perjudica la imagen de un país, España, que "es el segundo destino turístico del mundo".

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) "en algunos casos está impugnando determinados aspectos reguladores en unas comunidades autónomas y en otras no", lo que en su opinión "genera una inseguridad jurídica y también para el propio sector", ha criticado.

Castilla y León ha rechazado el modelo de alquiler por habitaciones y apostado por el arrendamiento de la totalidad de la vivienda en aras de la calidad y sostenibilidad de la actividad turística, y porque también garantizaría un mayor control en la inspección y en la seguridad de los turistas.

En cualquier caso, existe una normativa estatal, caso de las leyes de arrendamientos urbanos y de la propiedad horizontal, que hay que modificar para que las comunidades autónomas puedan aplicar sus propias normativas, de ahí la necesidad de esa mayor coordinación solicitada.

Muchas de esas disposiciones, ha agregado Ramírez, dependen también de directivas comunitarias que en algunos casos se deben trasponer, por lo que ha insistido en su reclamación de "una mayor capacidad de influencia" de la Administración del Estado en esta cuestión.

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