ICV rechaza que CE exija más recortes y reformas a un gobierno en funciones

El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun se mostró hoy preocupado por el hecho de que la CE haya abandonado "repentinamente" su nueva línea de más flexibilidad en las exigencias de austeridad y enviara al Gobierno en funciones recomendaciones "intransigentes" con la reducción del déficit.

Urtasun recalca que en la recomendación autónoma fiscal enviada el miércoles a España la CE exige de manera "absolutamente intransigente" en cuanto al tiempo y las cuantías una reducción de 0,8 puntos porcentuales del déficit español previsto para 2016.

España debe cumplir este año con un 2,8 % de déficit público, pero la Comisión Europea (CE) asume que no bajará del 3,6 %.

El eurodiputado señaló que este esfuerzo "sería un gol en propia puerta, ya que sería un recorte de casi 9.000 millones que iría en contra de la recuperación económica y encima podría retrasar el cumplimiento de los propios objetivos de déficit".

Respecto la actualización del presupuesto para 2016 que pide la Comisión en los próximos dos meses, Urtasun afirmó en un comunicado que "sería un fraude democrático que el gobierno actual, que se niega a ir al Congreso porque está en funciones, pudiera pactar medidas de ajuste fiscal o reformas".

A su juicio, "sería un escándalo democrático".

Urtasun también considera que el posicionamiento de la Comisión "demuestra el sesgo neoliberal de los actuales líderes de la Unión Europea (UE), ya que ignora las rebajas fiscales y las previsiones económicas imposibles del Gobierno del PP, para centrarse básicamente en el gasto social".

El eurodiputado sostuvo que, "si la CE puede exigir que se tomen medidas para que las comunidades autónomas corrijan su desvío, "es por culpa de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, una norma aprobada en el Congreso en 2012 por el PP y CiU para consagrar la austeridad, las privatizaciones y la pérdida de derechos sociales".

Urtasun opinó que "en medio de la crisis y con un fuerte crecimiento de las desigualdades, un recorte de esta magnitud supondría un nuevo retroceso en derechos sociales, especialmente en gasto sanitario que sabemos que está en el punto de mira de la Comisión".