Hacienda abordará con ayuntamientos y comunidades un cambio en la regla de gasto

La ministra Montero afirma que creará un grupo de trabajo para revisar la norma y hacerla «más trasparente» y facilitar la reinversión del superávit, pero «respetando las reglas de estabilidad»

El Gobierno quiere sentarse con los ayuntamientos y las comunidades autónomas para abordar un cambio en la regla de gasto con el objetivo de hacerla «más transparente» y dotarla de más flexibilidad para que los municipios puedan usar su superávit. Así lo adelantó este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su primera sesión de control en el Congreso. Eso sí, la nueva responsable de las finanzas públicas dejó claro que las modificaciones se harán «respetando» las reglas de estabilidad y los compromisos alcanzados con Bruselas.

En concreto, Montero adelantó que pondrá en marcha un grupo de trabajo en el que participarán ayuntamientos y regiones en el que se tratará de definir «la mejor manera de calcular la regla de gasto». Actualmente, esta normativa contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria limita el incremento del gasto cada año en función del «crecimiento potencial de la economía». Algo que se calcula en base a fórmulas matemáticas complejas. En la práctica, es el Ministerio de Economía quien fija ese porcentaje, que en 2018 es el 2,4%. «Es obvio que la regla de gasto está llamada a modificarse y a hacer un cálculo más colectivo entre todos los que participamos de ella», respondió Montero a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón.

Además, la ministra también se mostró partidaria de modificar la norma para responder a una «demanda lógica» de los ayuntamientos para tener mayor flexibilidad en el uso del superávit presupuestario. Y es que las entidades locales acumulan seis ejercicios consecutivos con saldos positivos en sus cuentas públicas (la previsión del Gobierno es que en 2018 incluso mejoren las cifras del pasado curso hasta el 0,62% del PIB). Las quejas de los municipios sirvieron para que el Ejecutivo del PP cediera en parte y a finales del pasado año ampliara las áreas calificadas como inversiones financieramente sostenibles (no computan en la regla de gasto).

Ahora los ayuntamientos pueden destinar estos recursos a servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.

El problema radica en que a pesar de esa mayor lista de materias, los ayuntamientos siguen teniendo limitado el uso del superávit por la regla de gasto. Habrá que ver, por tanto, hasta dónde está dispuesto a levantar la mano el nuevo Gobierno. La única referencia es una proposición de ley presentada por Podemos en el Congreso y que pedía dejar a los ayuntamientos que cumplieran con la ley de estabilidad (objetivo de déficit, deuda y plan de pago a proveedores) que pudieran usar el superávit. El PSOE apoyó esa propuesta, aunque advirtió que aportaría enmiendas. Y es que el Ejecutivo socialista no quiere bajo ningún concepto levantar las alarmas en Bruselas.

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