Funcas pide evaluar la gestión del gasto público para mejorar su eficiencia

Expertos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) urgen redoblar esfuerzos para gestionar mejor el gasto público y proponen implantar sistemas que evalúen las políticas y los servicios públicos, sobre todo en la Educación, que -señalan- requiere un mayor gasto y eficiencia en su asignación.

Según el último número de la revista "Papeles de Economía Española" sobre el gasto público en España, editado por Funcas y difundido hoy, la efectividad del gasto público debe evaluarse respecto a la consecución de los objetivos ya que los actuales resultados "no son especialmente favorables".

Los analistas de Funcas ven preciso reformar las instituciones de supervisión, con auditorías de gestión y con un nuevo modelo de control financiero, sobre todo en el sector de las Infraestructuras y de la Educación y la Sanidad.

En el ámbito de las infraestructuras señalan que hay que medir de forma individual el impacto de la inversión pública, es decir, proyecto a proyecto, mientras que en el sector sanitario proponen la creación de una agencia especializada que priorice el catálogo de prestaciones sanitarias.

"Aprovechar el margen de mejora en la eficiencia del gasto es obligado si se cumplen los objetivos fijados para el gasto público español hasta 2018 y la reducción del déficit y la deuda para 2020", coinciden los expertos.

Pablo Hernández de Cos, Enrique Moral-Benito y Javier J. Pérez afirman que desde 2010 hasta 2014, el 60 % del ajuste recayó en la reducción del salario de los empleados públicos, mientras que el 40 % se produjo a través de una caída del empleo público.

El gasto salarial de las administraciones públicas (AAPP) supuso en 2014 algo más del 20 % de la remuneración de los asalariados del total de la economía, y cerca de un 25 % del gasto público total, mientras que inciden que el porcentaje de asalariados públicos sobre el total de asalariados se situó por encima del 15 %.

Asimismo, señalan que casi un 65 % de la masa salarial de las AAPP fueron gestionadas en 2014 directamente por las Comunidades Autónomas ya que las competencias de gasto de las autonomías se centran en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Por otra parte, los investigadores Ramón Xifré y Yulia Kaperskaya muestran su preocupación por el estado del sistema de investigación, desarrollo e innovación (I D i) y aseveran que "se está deteriorando de forma clara desde 2008".

"La volatilidad del peso de la I D i en el presupuestos público español es una anomalía en los países avanzados en innovación y contrasta con la consistencia del comportamiento en otros Estados", explican, tras lamentar que en España los fondos por investigador que contemplan los Presupuestos Generales del Estado se han reducido a casi la mitad entre 2008 y 2013, desde los 30.000 euros hasta un mínimo de 17.200 euros.

Al respecto señalan como "elemento clave" la creación y puesta en marcha de la Agencia Española de Investigación.

También, los analistas Guillem López i Casasnovas y Beatriz González alertan de los "déficit de gobernanza" en la Sanidad, que no contempla incentivos que fomenten la responsabilidad.

Por ello, recomiendan crear una agencia especializada que ordene el catálogo de prestaciones y haga una evaluación económica de las innovaciones sanitarias.

Por último, Eduardo Bandrés advierte del crecimiento de la desigualdad en España durante la crisis y explica que mientras la desigualdad entre los pensionistas es prácticamente igual que antes de la crisis, la de los ciudadanos en edad de trabajar aumentó un 14 % entre 2007 y 2012.