El ingreso en el BID es "clave" para la transición en Cuba, afirman expertos

El ingreso de Cuba en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sería un paso "clave" para su apertura económica, ya que permitiría acceder a la financiación y asistencia técnica necesaria en su complejo proceso de transición, aseguraron hoy varios expertos del centro de estudios Atlantic Council.

"El objetivo debe ser ayudar a los cubanos a alcanzar un derecho básico, como es el de la libertad económica y ganarse un futuro por sí mismos", apuntó el presidente del Consejo de Negocios EEUU-Cuba, Carlos Gutiérrez.

En la presentación de un informe del Atlantic Council en conferencia telefónica, quien fuera secretario de Comercio de EEUU entre 2005-2009, calificó como "tremendamente simbólico" el viaje del presidente Barack Obama a Cuba los próximos 21 y 22 de marzo, el primero de un mandatario estadounidense a la isla caribeña en 88 años.

"Obama debería dejar claro que Cuba es bienvenida al orden financiero global cuando esté en La Habana", subrayó asimismo Jason Marczak, director de la Iniciativa de Crecimiento de Latinoamérica del Atlantic Council.

El documento, elaborado por el exfuncionario del Banco Central de Cuba Pavel Vidal y el ex economista jefe del Tesoro de EEUU Michael Klein, argumenta que un "paso clave" para acceder a financiación externa sería la entrada de Cuba en el BID.

Klein explicó que este ingreso permitiría ofrecer "un sello de aprobación" de instituciones con fuerte credibilidad, lo que allanaría el camino para la muy necesaria inversión extranjera y "facilitaría asistencia técnica en el complejo" proceso de transición, especialmente en lo referente al doble sistema cambiario.

Según la normativa del BID, para incluir a un nuevo miembro, éste deberá primero formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), algo a lo que ha sido invitada formalmente Cuba, pero que La Habana ha declinado por ahora.

Asimismo, la ley Helms-Burton de 1996, obliga a los representantes de EEUU a votar en contra de la entrada de Cuba en estos organismos internacionales.

Ante esta maraña legal, un primer paso de acuerdo al estudio de Vidal y Klein sería "suavizar" la transición con medidas concretas por parte de EEUU que sí podría tomar Obama de manera unilateral, en la línea de las adoptadas recientemente como el restablecimiento de los vuelos regulares comerciales directos y el servicio postal entre ambos países.

Además, permitir el uso del dólar en las transacciones financieras internacionales con Cuba y asegurar a los bancos extranjeros que no serían perseguidos por operar con Cuba.

Precisamente, la semana pasada el ministro cubano de Comercio, Rodrigo Malmierca, en la primera visita de un funcionario de su cargo a Washington en 50 años, insistió en que estas medidas ayudarían a Cuba en el "camino de no retorno" que se ha embarcado para "actualizar" su política económica.

Por parte cubana, el informe insta a una "progresiva liberalización financiera" y dar luz verde a la instalación de sucursales de entidades extranjeras en Cuba para comenzar a ofrecer financiación a empresas y ciudadanos.

"La inversión privada no puede repuntar sin la financiación necesaria a través de un sistema eficaz", dijo Klein.

Uno de los grandes desafíos, reconocieron los expertos, es el sistema de doble moneda: el peso convertible CUC es la divisa fuerte en la que se vende buena parte de los productos y servicios de la isla, mientras que la mayor parte de los cubanos recibe su salario en pesos cubanos CUP.

Actualmente, un CUC, que tiene paridad con el dólar, equivale a 24 CUP y el consiguiente desequilibrio cambiario genera enormes distorsiones económicas.

Por ello, dijo Klein, es fundamental diseñar un proceso en el que se establezca "un día cero", fecha en la que ambas monedas se unifiquen, algo que deberá ser gestionado de manera gradual para no provocar que se dispare la inflación.

Desde el restablecimiento de las relaciones bilaterales, anunciado en diciembre de 2014, el Gobierno de Obama ha adoptado varias medidas para atenuar el embargo comercial vigente desde 1962, el mayor obstáculo para la normalización plena.

Sin embargo, este embargo solo puede ser revocado por el Congreso, actualmente controlado por los republicanos y que se muestran firmemente opuestos a suprimirlo.