El Gobierno brasileño aumenta su meta de déficit fiscal en casi un 15 %

El Gobierno brasileño aumentó hoy su meta de déficit fiscal para este año a 159.000 millones de reales (49.678 millones[…]

El Gobierno brasileño aumentó hoy su meta de déficit fiscal para este año a 159.000 millones de reales (49.678 millones de dólares), lo que supone un alza de casi un 15 % sobre su previsión inicial.

El Ejecutivo del presidente Michel Temer se ha visto forzado a ello por la persistencia de la profunda recesión que comenzó en 2015.

Esa misma previsión de déficit será mantenida para el año 2018, anunciaron hoy en una rueda de prensa los ministros de Hacienda, Henrique Meirelles, y Planificación, Dyogo Oliveira.

Entre otras justificaciones para la decisión, ambos citaron la fuerte caída de la recaudación tributaria ocasionada por la baja actividad económica y por una inflación muy inferior a la esperada.

"En lo que va de 2017 hemos sufrido una fuerte caída de la recaudación, que nos obliga a cambiar la proyección para el año", afirmó Meirelles.

El ministro dijo que, además de un crecimiento económico menor al inicialmente previsto, la recaudación de este año también fue afectada por la fuerte caída de la inflación en Brasil, que redujo lo que el Gobierno preveía que las empresas pagarían de impuestos.

"La inflación está cayendo sistemáticamente y es una excelente noticia para el país. Se trata de una razón de optimismo para el país, no sólo porque mejora el poder de compra de los trabajadores sino también porque incentiva la actividad económico. Pero la caída de los precios también tuvo un fuerte impacto sobre la recaudación esperada", explicó el titular de Hacienda.

La inflación acumulada en Brasil en los siete primeros meses de este año se situó en el 1,43 %, muy por debajo del 4,96 % medido en el mismo período de 2016.

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Según Meirelles, el impacto de la inflación provocó una caída de 19.000 millones de reales (unos 5.937,5 millones de dólares) en la recaudación esperada en 2017 y de 23.000 millones de reales (unos 7.301,6 millones de dólares) en la proyectada para 2018.

El Gobierno de Brasil se había impuesto inicialmente como meta terminar 2017 con un déficit primario, que no incluye el pago de los intereses de la deuda pública, de 139.000 millones de reales (unos 43.437 millones de dólares), que suponen casi el 2,0 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Ese objetivo fue trazado a comienzos de este año y se mantuvo hasta ahora, aun con importantes recortes en el presupuesto nacional para poder cumplirlo, pero una fuerte caída de la recaudación tributaria debida a la baja actividad económica y a la inflación obligó al Gobierno a revisar sus cálculos.

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De acuerdo con datos oficiales, este año será el cuarto consecutivo que el Gobierno brasileño cerrará con déficit, una situación que no ayuda a recuperar plenamente la confianza de los inversores, según ha reconocido el propio Meirelles, hombre fuerte del equipo económico del presidente Temer.

La revisión de la meta de déficit fue precedida por sendos recortes en el presupuesto nacional, decididos en marzo y en julio pasados, que redujeron el gasto para este año en 48.000 millones de reales (15.000 millones de dólares) y resultaron insuficientes.

La previsión de déficit ha sido aumentada en momentos en que la economía brasileña ensaya una ligera recuperación después de dos años en profunda recesión, producto de sendas caídas del PIB del 3,8 % en 2015 y 3,6 % en 2016.

Entre enero y marzo de este año, según datos oficiales, el PIB tuvo una leve reacción y creció un 1 %, pero aun así la ralentizada actividad económica no se ha reflejado en la recaudación tributaria, lo cual ha impactado en las previsiones de déficit.

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Una de las apuestas del Gobierno para contener el gasto este año era la aprobación de una reforma de las leyes que rigen el sistema de jubilaciones, para endurecer el acceso y limitar de forma progresiva el número de beneficiarios.

Esa reforma, rechazada por sindicatos y por la inmensa mayoría de la sociedad, se ha estancado en la Cámara de Diputados, que se resiste a pronunciarse sobre un proyecto claramente impopular cuando el año próximo habrá elecciones parlamentarias y presidenciales.

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