El Ejército de Nicaragua niega participar "en actividades de orden público"

El Ejército de Nicaragua rechazó hoy la implicación de su personal y armamento "en actividades de orden público" contra la población civil durante la crisis sociopolítica del país, que se ha cobrado la vida de más de 320 personas desde el pasado 18 de abril.

"Rechazamos categóricamente esta campaña calumniosa que desde diferentes vías desarrollan contra el Ejército de Nicaragua", indicó esa institución en un comunicado leído por su portavoz, el coronel Manuel Guevara.

"Rechazamos el montaje de actos donde nunca hemos estado, las falsas informaciones e imágenes manipuladas que tienen como objetivo hacer creer el involucramiento de personal y armamento del Ejército de Nicaragua en actividades de orden público, lo que es totalmente falso", sostuvo.

El exguerrillero y mayor retirado de las Fuerzas Armadas Roberto Samcam denunció que el Gobierno utilizó el fin de semana pasado a personas vestidas de civil para manipular armamento exclusivo del Ejército en los ataques, como los lanzacohetes portátiles rusos RPG 7, ametralladoras PKM y granadas de mano.

Los ataques fueron perpetrados por "fuerzas combinadas" en las ciudades de Jinotepe y Diriamba, en el Pacífico, así como en Matagalpa, en la zona norte de Nicaragua, que dejaron al menos 20 muertos, según organismos humanitarios.

Dichas fuerzas están integradas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al Gobierno de Daniel Ortega, que en su mayoría actúan encapuchados y en ocasiones fuertemente armados, y que se definen como "caravana por la paz", según ONG.

Diversos sectores han pedido al Ejército de Nicaragua desarmar a esas fuerzas armadas irregulares que actúan supuestamente con la aquiescencia del Gobierno, tema al que no se refirió esa institución.

"El Ejército de Nicaragua reitera que tiene control absoluto de su personal, armamento y medios de todo tipo", afirmó.

Asimismo, aseguró que "no existe un solo hecho donde esté involucrado personal de nuestra institución en actividades de orden público".

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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