El 22 % de las direcciones de auditoría vigilan que la empresa cumpla la ley

El 22 % de las direcciones de auditoría interna en España velan por el cumplimiento de la ley en las empresas con mecanismos adicionales de control como las medidas "compliance", según los resultados del último estudio realizado por Instituto de Auditores Internos de España a 3.200 socios.

El escenario surgido tras la reforma del Código Penal ha llevado a las sociedades a reforzar sus sistemas de vigilancia con el fin de eludir una posible condena por responsabilidad penal en delitos cometidos por alguno de sus integrantes.

Un contexto que explica que el 68 % de los auditores internos encuestados por el instituto supervisen los sistemas de control de las empresas con otros trabajos "de segunda línea de defensa".

De ese porcentaje, la mayoría (un 33 %) corresponde a labores de prevención de delitos y protección del cumplimiento de la ley o "compliance", programas que de ser aplicados correctamente eximirían a las empresas de su responsabilidad penal ante la justicia.

Y es que, como contempla el Tribunal Supremo en su reciente doctrina, de demostrarse que la ausencia de una cultura de respeto al derecho en la compañía ha facilitado la comisión de un delito, la sociedad se enfrentaría a posibles penas de disolución, multa económica, suspensión temporal de las actividades y clausura de sus establecimientos, entre otros.

Por esto, la figura del "compliance", que blinda a las sociedades ante las malas prácticas, se ha incrementado en los últimos años como consecuencia de una crisis económica que ha castigado a las empresas gestionadas de forma irregular.

Ello afecta especialmente a las entidades bancarias, un aspecto a considerar ya que el aumento de la presión normativa que hoy se aplica a las sociedades mercantiles tiene su origen en la regulación del sector financiero, que desde 2011 ha experimentado 14.215 cambios (una media de 60 al día).

Aunque las labores de "compliance" no son las únicas empleadas ya que un 26 % de los auditores (un 18 % de los encuestados) que afirman reforzar su supervisión con otras medidas incorpora la gestión de riesgos en su quehacer cotidiano.

Mientras que el 23 % (16 % del total) asegura incluir tareas de control interno de la información financiera, y el 12 % (8 %) trabajos de seguridad de la información.

Unos programas destinados a velar por el interés de la compañía que, en virtud de lo estipulado por la ley, requieren de disciplina y protocolo para sancionar adecuadamente el incumplimiento de la normativa empresarial.

En este sentido, salvaguardar la objetividad resulta fundamental tal y como asegura el 82 % de los auditores que, preguntados por el instituto, dicen gozar de una completa independencia antes, durante y después de la realización de su trabajo.

Las recientes imputaciones de grandes empresas han evidenciado la necesidad de reforzar el control por parte de las sociedades, ahora obligadas a implantar una cultura de la vigilancia sobre su propia actividad y la de sus empleados con la que esquivar las severas consecuencias penales derivadas de un posible delito.