Economía.- El abogado de Spottorno dice que no se puede demostrar que conociera la improcedencia de las tarjetas 'black'

Las defensas insisten en que los acusados no tenían por qué saber si las 'black' eran o no legales

Las defensas insisten en que los acusados no tenían por qué saber si las 'black' eran o no legales

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El letrado del exjefe de Casa Real Rafael Spottorno ha asegurado que no existe prueba alguna de que su defendido conociera la improcedencia de la retribución derivada de las tarjetas 'black' y tampoco se le puede responsabilizar de la contabilización que haga la caja de la tarjeta, en respuesta a las acusaciones que denunciaron que se trataba de un sistema opaco y que no tributaba a Hacienda.

Las defensas de exdirectivos y altos cargos de Caja Madrid y Bankia han expuesto en sus alegatos finales este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que los beneficiarios de las Visas no tenían por qué conocer su naturaleza ya que mostraban plena confianza en la caja extinta, la cual, según ellos, era la responsable de la fiscalidad de las mismas.

Al respecto ha insistido en esta vigésimo cuarta sesión de juicio sobre el uso presuntamente fraudulento de la tarjeta 'black' que Spottorno, uno de los 65 exaltos cargos y directivos acusados, "no tenía ningún motivo" para sospechar sobre irregularidades en el certificado que remitía la caja extinta y que durante nueve años "coincidió milimétricamente" con su retribución.

Entre los once abogados que han expuesto sus conclusiones este martes ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo se encuentra el de Carmen Contreras, exdirectora gerente de Obra Social en Caja Madrid. Al hilo de lo denunciado por sus antecesores, éste ha asegurado que la conducta de la encausada estuvo "siempre" guiada por el principio de confianza y "no tenía ninguna razón para dudar" de Caja Madrid.

Por su parte, el abogado de los también acusados Carlos Vela, Juan Manuel Astorqui y Ricardo Morado, ha tenido duras palabras para Bankia, que ejerce la acusación particular, por no haber podido probar, según su punto de vista, la culpabilidad de los beneficiarios de las Visas, a los que se les atribuye delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.

"¿QUÉ MÁS DA EN LO QUE SE LO GASTARAN?"

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"¿Qué mas da en lo que se lo gastaran?", ha preguntado este letrado ante el tribunal que dirime si los beneficiarios de las tarjetas --entre ellos altos cargos de las finanzas, políticos del PP, PSOE IU, líderes sindicales y de la patronal-- cometieron delito por el uso hecho con los plásticos y cuyo gasto asciende a 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012.

En su turno de alegato final, la representación procesal del exconsejero de la entidad Juan Emilio Iranzo, ha denunciado que Bankia no pidió consentimiento a los 65 encausados para utilizar los datos relacionados con los gastos de las tarjetas y ha agregado que con la elaboración de la Hoja Excel se han vulnerado sus derechos porque se ha accedido "ilegalmente" a la información publicada.

Este abogado ha asegurado que "no es normal" que la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri accediera al desglose de gastos efectuados con las 'black' ya que no la considera heredera de Caja Madrid. Al igual que el resto de defensas, ha pedido la absolución del economista, que se enfrenta a un año de prisión por haber dispuesto 46.848 euros con su tarjeta en su etapa como consejero.

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NO EXISTE ENCAJE PENAL

Los letrados han insistido en que se trataba de parte del salario y al respecto la representación procesal de Spottorno ha asegurado que el exjefe de la Casa Real, en calidad de alto cargo, disponía de dos tarjetas; una de naturaleza remuneratoria y otra para cubrir gastos de representación. "Sería ilógico que la caja diera dos tarjetas de la misma naturaleza a los consejeros", ha asegurado.

Respecto a los delitos que se les imputa por parte del Ministerio Fiscal, los abogados de los acusados aseguran que no existe encaje penal en la actitud de los encausados, los cuáles se enfrentan a penas de prisión que van de uno a seis años por delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.

La presidenta del tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal ha suspendido la sesión de este martes que se reanudará mañana con las defensas que restan por exponer sus alegatos finales, tras las cuáles se dará turno de última palabra a los acusados y el juicio quedará visto para sentencia.

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