Audasa recurre en el Supremo la modificación del convenio aprobada en 2017

Audasa, concesionaria de la AP-9, ha interpuesto en la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el real Decreto 803/2017 de 28 de julio por el que se modifica el Convenio suscrito en 2006 entre la Administración General del Estado, la Xunta y Autopistas del Atlántico, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

En 2006, con el fin de solucionar los problemas de tráfico de los itinerarios Vigo-O Morrazo, A Barcala-A Coruña, e inversos, la Administración General del Estado acordó con la Xunta y con la sociedad concesionaria de la autopista del Atlántico la supresión del cobro del peaje a todos los vehículos que efectuasen los citados recorridos.

Desde la entrada en vigor de esta medida, sin embargo, "se ha puesto de manifiesto una diferente evolución de los ingresos por el peaje de los tramos en los que se implantó la supresión del cobro respecto a los del resto de la autopista, por lo que los importes abonados por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia en concepto de compensación difieren sustancialmente de los que hubiera percibido la sociedad concesionaria de no haberse adoptado la citada medida", indica el Gobierno en la modificación del decreto de 2006 aprobada el pasado año.

"Esta situación se considera perjudicial para las administraciones implicadas, y viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria, por lo que se estima necesario modificar el procedimiento de compensación contemplado en el convenio aprobado por Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo", continúa.

En esa modificación, además, dado el carácter "estatal" de la vía, el Gobierno asumió en solitario el pago de la compensación a Audasa, ya que "los nuevos importes de compensación calculados son inferiores a los compromisos de gastos autorizados" en 2006.

Sin embargo, pasado casi un año de la modificación la concesionaria ha decidido recurrir ante el Supremo la medida.

Las partes afectadas tienen nueve días para personarse en la causa, concluye el anuncio publicado hoy en el BOE.

.