Alertan "criminalización" a informar en Nicaragua y más juicios a periodistas

Organismos humanitarios alertaron hoy sobre un intento del Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de "criminalizar" el derecho a informar en este país, que vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado.

"Ejercer el trabajo de informar a la ciudadanía se ha vuelto en Nicaragua una situación peligrosa", advirtió en rueda de prensa el director ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.

"Además de criminalizarlo, se ha convertido en un delito" informar en Nicaragua, señaló el defensor de los derechos humanos, y puso como ejemplo la prisión y juicio de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.

Mora, dueño del canal 100 % Noticias, y Pineda, la jefa de prensa de ese medio crítico de la Administración de Ortega, están detenidos desde la noche del viernes pasado tras el allanamiento de esa televisión, y enfrentan cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".

El juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, también emitió una orden de captura en contra de los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del comentarista político Jaime Arellano, según la CPDH.

"El rol de ustedes es informar a la ciudadanía y se ha vuelto un delito que se está pagando con encarcelamiento, persecución y hasta con la vida", continuó Carmona, para quien los críticos al Gobierno de Ortega se encuentran "en un estado de indefensión total".

"Tenemos una Policía, una Fiscalía y un Poder Judicial que se han convertido en los verdugos del pueblo de Nicaragua", alegó.

Los abogados de la CPDH que defienden a los periodistas detenidos afirmaron que la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de implicar a más comunicadores.

"Consideramos que el periodismo está en peligro. (La Fiscalía) va a ampliar esta acusación contra otros medios o periodistas notables de este país" que se hayan pronunciando en el marco de la crisis entre abril y junio pasado, indicó la abogada Leyla Prado, que defiende a Pineda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió la semana pasada de la "intensificación de la cuarta etapa de represión estatal" en Nicaragua contra periodistas y medios independientes.

Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.

La cuarta fase incluye "incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas, detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores, expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas", de acuerdo con el organismo, a los que el Gobierno les dio por concluida su misión la semana pasada.

A juicio del escritor y exvicepresidente nicaragüense (1985-1990) Sergio Ramírez, el Gobierno de Ortega "ha dado un salto al vacío" al enjuiciar a periodistas.

Ramírez dijo que la quema de Radio Darío, el avasallamiento y toma militar de la redacción de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, "han sido actos de poder ciego, contra toda ley y razón".

La ocupación de la sede de 100 % Noticias tuvo lugar el mismo día en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un ente tutelado por la CIDH, presentó en Washington un informe sobre la crisis de Nicaragua en el que señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en "delitos de lesa humanidad".

El GIEI tenía previsto presentar ese informe en Managua el pasado 20 de diciembre, pero un día antes fue expulsado del país por el Gobierno, que argumentó que había expirado su plazo de trabajo.

"Hoy, tras la salida del GIEI, es crucial contar con la presencia de medios que puedan visibilizar los avances de esta crisis, que no se detiene y que sólo se esfuerza por aniquilar cualquier indicio de democracia", recalcó este lunes el Cejil en una declaración enviada a Efe.

Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce 199 muertos.

Ortega, con más de 11 años en poder de manera continuada, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido derrotado.

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