Asamblea Nacional de Nicaragua discute la legalidad de cinco ONGs

La Asamblea Nacional de Nicaragua decidió hoy discutir la personalidad jurídica de cinco ONGs dedicadas a la promoción del desarrollo, la democracia, el medio ambiente y la libertad de prensa, para una posible suspensión de su legalidad.

El Poder Legislativo de Nicaragua, de mayoría sandinista, decidió discutir el estatus legal del Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.

La decisión de los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue tomada luego de haber utilizado sus votos en la Asamblea Nacional para cancelar la personalidad jurídica de otras cuatro ONGs, dedicadas a la salud, defensa de los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico.

Dos de las ONGs afectadas previamente fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por la activista Vilma Núñez, y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), cuya directora, Ana Quiros, fue expulsada de Nicaragua.

Las otras dos afectadas fueron el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia, cuyos directores, el académico Félix Maradiaga y el político Luciano García, respectivamente, debieron huir al exilio alegando "persecución estatal".

La decisión de los diputados sandinistas, de cancelar la legalidad de las ONGs se da en medio de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en cuatro décadas.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos, y 610 "presos políticos", más cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.

El Gobierno reconoce 199 muertos, y 273 reos, que clasifica como "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".

El presidente Daniel Ortega rechaza los señalamientos y afirma que superó un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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