Alianza pide reinicio del diálogo y libertad de "reos políticos" en Nicaragua

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua solicitó hoy de nuevo al Gobierno del presidente Daniel Ortega el retorno al diálogo nacional, el cese de la represión y el desarme de paramilitares, para poner fin a la crisis que estalló en abril pasado y ha dejado centenares de muertos.

Esa organización pidió también a las autoridades no criminalizar las protestas y la libertad de los "reos políticos".

Azahalea Solís, una de las representantes civiles en esa Alianza, pidió hoy el retorno al diálogo nacional entre ese ente y el Gobierno, un proceso que se suspendió el pasado 9 de julio pasado.

También pidió que en ese proceso se mantenga a los obispos como mediadores y que se defina "la convocatoria a elecciones generales anticipadas libres, transparentes y competitivas, con observación nacional e internacional".

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones en 2019.

La Alianza, que reúne a diferentes grupos y organizaciones ciudadanas, exigió "el cese de la represión y las represalias en todas sus formas", así como "el desarme de las fuerzas parapoliciales y otros civiles armados con supervisión internacional".

Otro miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo a Efe que han querido "dejar constancia de lo que ha pasado", que no ha sido "un golpe (de estado)", sino "un movimiento popular generalizado de distintos sectores de la sociedad nicaragüense que se levantó el 19 de abril a protestar y que fueron duramente reprimidos".

El activista explicó que la Alianza Cívica "se mantiene firme" y trabaja "para retomar el diálogo nacional" y tratar de que "el Gobierno se convenza de que la mejor salida a la crisis social, política y económica es a través del diálogo (...) para tratar el origen de los problemas, que son de origen político".

Chamorro pidió al Ejecutivo de Ortega "cambiar el tono del poder, lo que se traduce en (adelantar) las elecciones", ya que es "la única solución a estos problemas" que está sufriendo Nicaragua.

Solís, por su parte, demandó "el cese de la criminalización de la protesta y judicialización arbitraria e ilegal de quienes protestan", además de "la inmediata liberación de presos políticos y la anulación de todos los procesos ilegales".

Según datos de organismos humanitarios, la crisis política nicaragüense ha dejado entre 322 y 448 muertos en protestas contra su Gobierno, que reconoce 198 víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, con Ortega en el poder.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el pasado 18 de abril tras la adopción de una serie de reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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