Cejil acusa a Nicaragua de mantener impunidad y violaciones a DDHH en crisis

El Gobierno de Nicaragua busca mantener la impunidad y las violaciones a los derechos humanos al impedir las investigaciones de los hechos violentos durante la crisis sociopolítica que atraviesa su país, denunció hoy la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

"Los obstáculos que Nicaragua está imponiendo (...) demuestran que las autoridades están determinadas a que haya impunidad y que las violaciones de derechos humanos sigan ocurriendo", según un comunicado del Cejil

Esta organización acusó al Gobierno del presidente Daniel Ortega de poner obstáculos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al Mecanismo de Seguimiento (MESENI), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Cejil expresó su "profunda preocupación" porque el Estado nicaragüense "impide investigar algunos de los hechos ocurridos en este país y apoyar a las autoridades en garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos".

La organización aseveró que la represión estatal a las protestas que comenzaron el 18 de abril "deja más de 300 personas asesinadas, centenares de personas detenidas arbitrariamente y víctimas de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como líderes sociales criminalizados sin acceso al derecho de defensa".

El GIEI denunció el jueves que no había logrado tener acceso a información tras iniciar sus labores en Nicaragua el pasado 2 de julio, después de suscribir un acuerdo con el Estado para coadyuvar en la investigación de los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.

Este grupo de expertos no cuenta con acceso a los expedientes de los procesos penales abiertos, los informes técnicos ni los registros sobre personas asesinadas, entre otros, según Cejil.

"Condenamos esta actuación del Estado, la cual desvela su falta de voluntad para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico la que implica garantizar que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se identifiquen, juzguen y sancionen a la totalidad de los responsables", manifestó Cejil.

La organización exigió al Estado que entregue la información disponible y que elimine cualquier barrera para que los órganos internacionales puedan cumplir con su labor de investigación.

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