Expertos piden acceso sin condiciones a información de violencia en Nicaragua

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la violencia durante la crisis de Nicaragua, con centenares de muertos, pidió hoy al Gobierno que en breve y "sin condiciones" le permita acceder a la información que requiere y que fue "solicitada oportunamente".

El GIEI expresa su preocupación por esta situación, que "repercute negativamente en las tareas" encomendadas, y "reitera su disposición y compromiso para cumplir con su labor", dijo hoy el experto en derechos humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, al leer un documento de ese equipo.

En el texto se insta "al Gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad el acceso, sin condiciones, a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades, el plan de reparación y la demás información solicitada oportunamente".

El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio, tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Managua, para investigar las muertes en las protestas iniciadas en abril pasado y que han dejado entre 317 y 448 muertos, según organizaciones humanitarias, mientras que el Ejecutivo reconoce 198.

El trabajo del GIEI pretende abarcar del 18 de abril al 30 de mayo, cuando organismos humanitarios calculaban que habían perdido la vida 300 personas.

Según uno de sus miembros, Pablo Parenti, de la Fiscalía de Argentina, si bien se ha podido confirmar un centenar de muertes en el periodo mencionado, "hasta el momento no podemos dar información (concreta) sobre el número".

"Esta información (que se solicita al Gobierno) no sólo es necesaria, sino es imprescindible para poder cumplir con la función de coadyuvar a las autoridades nacionales, así como para presentar el análisis técnico", indicó el GIEI.

Los miembros del GIEI solicitaron información oficial, tanto oral como escrita, el mismo día que se formó a las máximas autoridades de la Cancillería, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, entre otros, dijo Sofía Macher, integrante del Grupo y exvicepresidenta de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú.

Otra de los miembros, la exprocuradora general de Guatemala Claudia Paz y Paz, destacó la necesidad de acceder a los expedientes de cada caso, así como a los informes de medicina legal, el listado de detenidos y el plan de reparaciones.

Hasta ahora el GIEI, que tiene seis meses para emitir un informe final, ha entrevistado a familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, medios de comunicación, personalidades académicas y sociales y cuerpo diplomático en Nicaragua.

Este país atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega como presidente.

Según la CIDH, Nicaragua vive una "tercera fase" de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que consiste en la "criminalización de manifestantes", frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas reformas de la seguridad social que luego fueron retiradas y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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