Alianza Cívica demanda garantías legales para presos políticos de Nicaragua

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó hoy al Gobierno de Nicaragua "asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales" de los que calificó como presos políticos, arrestados por protestar contra el presidente Daniel Ortega.

La Alianza, que representa a distintos sectores de la población nicaragüense en el diálogo nacional con el Gobierno, cuyo objetivo es superar la crisis que atraviesa el país, también solicitó que los "reos políticos" sean tratados "de conformidad con los estándares internacionales.

Antes de la petición, emitida en un pronunciamiento, la Alianza exigió al Gobierno "liberar a las cientos de personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados", no criminalizar las manifestaciones pacíficas, y "abstenerse de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales".

La Alianza basó su demanda en que "ninguna de las personas detenidas por la dictadura orteguista ha contado con la protección del debido proceso y la tutela judicial".

Además de detenciones masivas, la Alianza afirmó que los manifestantes han sufrido "arrestos ilegales, sin órdenes judiciales, violación sistemática al principio de la presunción de inocencia, secuestro por fuerzas paramilitares y traslados secretos a cárceles clandestinas".

Adicionalmente, denunció, los "reos políticos" enfrentan "audiencias privadas, sin presencia de familiares, abogados o medios de comunicación, desinformación sobre su paradero, traslados masivos a la cárcel de El Chipote -señalada como centro de torturas-, torturas, abusos sexuales, encarcelamiento de menores y designación de abogados de oficio" aunque el acusado cuente con uno privado.

La Alianza exigió al Gobierno que garantice a los "reos políticos" las "condiciones humanas necesarias", como alimentación adecuada, derecho a recibir visitas y paquetes de los familiares, realizar llamadas telefónicas, tomar el sol, atención médica y psicológica, así como la defensa legal oportuna y efectiva.

El pronunciamiento fue emitido tras una marcha en la que miles de personas dieron su apoyo a los "reos políticos" del Gobierno nicaragüense, entre ellas los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena,

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido de que Nicaragua vive una tercera fase de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes", después de la primera, que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.

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