Juez de Nicaragua niega acceso a la CIDH a juicio de afrodescendientes

Un juez de Nicaragua negó hoy el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al juicio de dos afrodescendientes, acusados de la muerte de un periodista, en medio de la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

El acceso a la CIDH, representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y familiares de los acusados Brandon Lovo y Glen Slate fue negado por el juez Sexto de Distrito Penal de Juicio, Ernesto Rodríguez, a pesar de los permisos con que cuentan, y de tratarse de un juicio público según la legislación del país.

"Entendemos que es una audiencia pública y por lo tanto no habría ninguna dificultad para entrar", dijo la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), por parte de la CIDH, Denise Cook.

El Ministerio Público acusó a los afrodescendientes por la muerte del periodista Ángel Gahona en la ciudad de Bluefields (Caribe sur), a pesar de que los testigos del suceso, vecinos y familiares de la víctima, han insistido en que el responsable fue un policía que se encontraba dentro de la alcaldía municipal, respaldados por al menos dos vídeos.

El ingreso al Complejo Judicial también fue impedido para la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, a pesar de que esta tiene un permiso especial para presenciar cualquier audiencia, en su calidad de exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.

"Los están incriminando por ser negros, y porque no tienen acceso a la justicia", dijo Núñez, a periodistas.

"Es injusto, deberíamos estar ahí para apoyar", lamentó el tío de Slate, Floyd Slate.

La CIDH ya ha advertido de que Nicaragua vive una tercera fase de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes". La primera consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda en ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que el presidente Ortega ha negado.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, cuando también era presidente del país, quien reconoce 198 muertos.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años seguidos en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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