Condiciones para el desarrollo competen al Estado, afirma Amchan en Nicaragua

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) afirmó hoy que es competencia del Estado "asegurar las condiciones" para el desarrollo del país, luego de que el sábado pasado el presidente Daniel Ortega acusara a los empresarios de "jugar al terrorismo económico".

"La responsabilidad del sector privado y de Amcham es promover el crecimiento económico sostenible. La responsabilidad del Estado es asegurar las condiciones para que las empresas y la ciudadanía ejerzan libremente sus derechos sociales y económicos", resaltó la Cámara en una declaración pública.

El sábado Ortega advirtió a los empresarios de Nicaragua que, si se sumaban a un paro nacional en protesta contra su Gobierno, mandaría "a la Policía para que (los negocios) mantengan las puertas abiertas".

Amcham indicó que "la falta de gobernabilidad constituye el principal obstáculo a la estabilidad social, económica y la justicia en Nicaragua".

Los empresarios de Nicaragua con nacionalidad estadounidense insistieron en que la salida a la crisis local, que según organismos humanitarios ha cobrado entre 322 y 512 muertos, pasa por el diálogo nacional congelado desde julio, entre el Gobierno y la Alianza Cívica, con la mediación del Episcopado.

"Postergar el diálogo, causará más muertes y daños irreparables a nuestro país. La voluntad política del Estado es fundamental para lograr la estabilidad social y económica deseada por todos los nicaragüenses", subrayó Amcham.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza las acusaciones, reconoce 198 muertos y considera la crisis como un intento de "golpe de Estado".

Las protestas comenzaron en abril por unas fallidas reformas a la seguridad social que se convirtieron en la exigencia de renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

.