Grupo hispano en EEUU galardona a alcaldes que protegen a inmigrantes

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, en inglés) galardonó hoy a Marty Walsh y Eric Garcetti, alcaldes de Boston y Los Ángeles, dos de las llamadas "ciudades santuario" por proteger a los inmigrantes sin antecedentes penales de ser detenidos por las autoridades federales para ser deportados.

En la gala anual de premios del NCLR, a la que acudieron más de una decena de legisladores de EE.UU. y líderes comunitarios, el mayor grupo hispano de defensa de los derechos civiles del país reconoció la labor de los dos alcaldes y premió a la estratega republicana y comentarista política, la nicaragüense Ana Navarro.

El NCLR homenajeó así a cargos electos, tanto republicanos como demócratas, que promueven políticas y legislación que "impactan positivamente en los hispanos" en Estados Unidos.

Walsh y a Garcetti recibieron el premio por su "firme compromiso con las necesidades y la seguridad de la comunidad latina cuando se opusieron a la orden ejecutiva encaminada a las deportaciones" y por "defender su posición contra las políticas y los intentos de criminalizar a todos los inmigrantes latinos que trabajan duro", según la presidenta de la organización, Janet Murguía.

Garcetti, descendiente de bisabuelos inmigrantes que cruzaron a Estados Unidos huyendo de la guerra en México, recalcó el mensaje de apoyo a las comunidades inmigrantes de su ciudad y les dijo que "no tengan miedo".

"Este es un momento en el que la historia nos está llamando (...) Es el momento de dejar de pensar en el hombre más poderoso del país y empezar a pensar en los mas vulnerables", añadió.

Walsh recalcó la importancia de las "ciudades santuario", como Los Ángeles, Boston o Nueva York, y el trabajo conjunto que han realizado para llevar a cabo su "obligación" de proteger a sus ciudadanos, con papeles o indocumentados, sin importar su apariencia o su origen.

Trump se ha mostrado decidido a acabar con las "ciudades santuario" y el pasado lunes, el fiscal general, Jeff Session, anunció que perderán fondos federales si no hacen cumplir las leyes migratorias, y se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los inmigrantes acusados o condenados por crímenes.

Según el informe publicado la semana pasada por el Gobierno de EE.UU., las autoridades migratorias emitieron 3.083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por crímenes entre el 28 de enero y el 3 de febrero, de las que al menos 157 no pudieron ejecutarse debido a la negativa de las policías locales de ciertos condados y ciudades a colaborar.

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