AI denuncia la discriminación de indígenas y afrodescendientes en Paraguay

Los pueblos indígenas siguen padeciendo discriminación en Paraguay y viendo negados sus derechos a la tierra, denunció Amnistía Internacional (AI)[…]

Los pueblos indígenas siguen padeciendo discriminación en Paraguay y viendo negados sus derechos a la tierra, denunció Amnistía Internacional (AI) en su informe anual de 2016-17, difundido hoy en París.

"Tanto los indígenas como los afroparaguayos sufrían discriminación racial" en Paraguay, dijo AI, que constató que al finalizar el año "seguía pendiente de aprobación un proyecto de ley para eliminar todas las formas de discriminación".

AI recordó que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) instó a Paraguay en octubre pasado a adoptar "medidas de acción afirmativa" contra la discriminación "sistemática" de los pueblos indígenas del país y de su comunidad descendiente de africanos.

El CERD "recalcó la escasa protección brindada por el Estado al derecho a la consulta previa y a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos", destacó AI.

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AI recogió en su informe sentencias favorables para la restitución de tierras a pueblos indígenas paraguayos que siguen sin cumplirse.

También mencionó violaciones de la libertad de expresión, persecución de periodistas y activistas de derechos humanos, la pobreza que -aunque reducida en 2016- sigue afectando principalmente a los menores y los embarazos de niñas y adolescentes en un país donde el aborto es tipificado como delito.

AI incluyó a Paraguay entre los países donde "se negó a numerosas personas un acceso significativo a la justicia, lo que les impidió reivindicar sus derechos" y puso como ejemplo la resolución del caso de Curuguaty, la matanza por un conflicto de tierras que causó la destitución del presidente Fernando Lugo en 2012.

Seis policías y once campesinos murieron en un confuso enfrentamiento por la propiedad de unas tierras en junio de 2012.

"Durante el procedimiento judicial, se denunciaron irregularidades en lo relativo al derecho a una defensa adecuada y al debido proceso", dijo AI, que destacó que un grupo de campesinos fue condenado en julio de 2016 a largas penas de prisión por el asesinato de los policías pero no hubo "investigación alguna sobre la muerte de los once campesinos".

"El fiscal general no ofreció ninguna explicación creíble del motivo por el que no se investigaron esas muertes ni respondió a las denuncias según las cuales el lugar del delito había sido manipulado y los campesinos habían sido torturados bajo custodia policial", añadió AI.

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