AI: La criminalización de los derechos sexuales se intensificó en Argentina

La criminalización de los derechos sexuales y reproductivos se intensificó el año pasado en Argentina, donde las mujeres tienen dificultades para acceder al aborto legal, afirmó hoy Amnistía Internacional.

El último informe de la ONG alerta también de que continuó la discriminación de los pueblos indígenas, que denunciaron "más de 200 casos de violaciones de sus derechos humanos relacionados con la tierra, la participación y la consulta, la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia, entre otros".

Agrega que el año pasado se cumplieron siete años de impunidad en el caso de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena chuschagasta, muerto por defender pacíficamente su tierra en la provincia de Tucumán.

AI también denuncia que en agosto de 2016 se anunció la creación de un centro de detención de migrantes, lo que "vulnera" los derechos a la libertad de la persona, a la libertad de circulación y a gozar de protección frente a la detención arbitraria.

Critica además que pese a que Argentina se comprometió a recibir a 3.000 refugiados sirios, a finales de año aún no había concretado los detalles del programa de reasentamiento.

Sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), el informe hace mención a la "sentencia histórica" a Reynaldo Bignone, el último presidente de facto del régimen militar, condenado en 2016 a 20 años de prisión.

En agosto se dictó sentencia en el juicio histórico de La Perla -en relación con centros clandestinos en la provincia de Córdoba durante la dictadura- y 28 responsables fueron condenados a cadena perpetua, agrega.

Subraya que prosiguió la audiencia pública sobre el encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas. En agosto, la Unidad Fiscal de Investigación concluyó que la última víctima que quedaba por identificar era Augusto Daniel Jesús.

Se siguió denunciando el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas, señala el informe de AI.

Al concluir el año, no se había establecido el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, a pesar de la normativa gubernamental del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, agrega.

En noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Argentina a garantizar que todas las provincias aprobaran protocolos para facilitar el acceso a abortos legales y a acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, el Comité pidió a Argentina que liberalizara su legislación sobre el aborto a fin de garantizar que todas las mujeres y niñas tuvieran acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y que las barreras legales y el ejercicio de objeción de conciencia por parte del personal sanitario no obligaran a las mujeres a recurrir al aborto clandestino.

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